Función Judicial prioriza el teletrabajo a escala nacional

La petición del Defensor Público General, Ángel Torres Machuca, para precautelar la salud y vida de los funcionarios judiciales, por la pandemia del COVID-19, fue acogida por el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ).

El organismo resolvió priorizar el teletrabajo y el uso de medios telemáticos para los servidores administrativos, jurisdiccionales y órganos administrativos de la Función Judicial, a escala nacional, por la emergencia sanitaria.

En la resolución, el CJ determina que la Defensoría Pública, debido a la autonomía administrativa que le confiere la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial, emitirá sus propias resoluciones.

Además, las Direcciones Provinciales de Pichincha y de Guayas del Consejo de la Judicatura realizarán un estudio, para determinar la factibilidad de la sectorización de los servidores administrativos, en las ciudades de Quito y Guayaquil, con el fin de reducir la movilidad y posibilidad de contagios. El informe deberá entregarse en 15 días al Pleno del organismo.

La Defensoría Pública solicitó que la resolución tenga como finalidad la suspensión de términos y plazos para todos los procesos judiciales pero, sobre todo, se mantenga el teletrabajo y la prioridad de realizar audiencias vía telemática o domiciliarias, o a su vez en salas diferenciadas que guarden el distanciamiento social para evitar los contagios.

De igual manera, la atención de acciones constitucionales que requiera la ciudadanía, así como la prioridad en el despacho de audiencias y diligencias que ameriten una atención urgente o exista riesgo de prescripción o caducidad.

La petición se enmarca en la normativa constitucional y legal, no vulnera los derechos de las personas aprehendidas ni de las víctimas. La razón fundamental es precautelar la salud de los defensores públicos, funcionarios judiciales y usuarios, reiteró la máxima autoridad.

La Institución mantiene su labor diaria e ininterrumpida en las unidades y juzgados en materias penales y no penales, con el propósito de garantizar de manera integral el acceso a la justicia y el derecho de defensa.

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