Defensor Público General: “El trabajo en movilidad humana no se detiene a pesar de los difíciles momentos que vive el Ecuador”

Defensores públicos, asistentes legales e integrantes de los consultorios jurídicos gratuitos de Santa Elena, Los Ríos y Bolívar participaron en la capacitación sobre movilidad humana, con el apoyo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el jueves 23 de julio de 2020.

En la inauguración de la jornada, el Defensor Público General, Ángel Torres Machuca, afirmó que “el trabajo de la Institución en el área de movilidad humana no se detiene, a pesar de los difíciles momentos que vive el Ecuador”.

Los usuarios cuentan con el contingente profesional de la Defensoría Pública y la red complementaria, a través de consultas remotas y una serie de mecanismos como el formulario web, que registró 121 atenciones en este tema, entre el 16 de abril hasta lo que va de julio de 2020, precisó.

Además, dijo que el tiempo de cuarentena se aprovecha con capacitaciones en temas de actualidad, con expositores del Ecuador y del extranjero, en “perfecta sintonía con uno de los objetivos que decidí plantearme al inicio de mi gestión: dar prioridad a la especialización y capacitación permanente de mis compañeros defensores públicos”.

La máxima autoridad destacó el apoyo de la Acnur para desarrollar una serie de eventos de capacitación y exhortó al personal misional a aprovechar al máximo la jornada y a seguir impulsando este tipo de eventos académicos.

Apoyo de Acnur

El consultor nacional de movilidad humana, Pedro Velasco, expuso que este organismo mantiene un acuerdo con la Defensoría Pública desde 2014 y su personal se encuentra en ocho provincias de frontera para brindar asistencia operativa, legislativa y técnica, así como para la construcción y diseño de políticas institucionales.

La asesoría se brinda en temas como condición de persona refugiada, principios de confidencialidad, proceso para obtener refugio, derechos que asisten a esos ciudadanos, entre otros aspectos.

El experto resaltó que de 2017 a 2019 la Defensoría Pública atendió 12.088 casos en materia de movilidad humana y aclaró que, en este tiempo de pandemia, la Institución no limitó el acceso a sus servicios con asesorías mediante correo electrónico o vía telefónica.

Derechos de refugiados

“Ecuador es el país que más refugiados ha reconocido en América Latina con 66.524, de los cuales el 90% son de nacionalidad colombiana” aseguró Felipe Asanza, asistente senior de protección. Asimismo, explicó que, por la pandemia mundial, los procesos para la formalización de solicitudes de refugio se suspendieron, pero se puede presentar el formulario de petición de protección.

El experto indicó que para identificar a un solicitante se debe analizar si su condición guarda relación con las disposiciones de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, de 1951. Mientras tanto, los procedimientos y protocolos se encuentran en la Ley de Movilidad Humana y el Acuerdo Ministerial 150.

En su intervención, invocó a la Constitución de la República que determina el derecho a migrar, a la libre movilidad, a que ninguna persona debe considerarse ilegal por su condición migratoria, así como el principio de ciudadanía universal.

En consecuencia, frente a los tratados internacionales y la legislación nacional, enfatizó que los Estados suscriptores, entre ellos Ecuador, no pueden devolver, a su país de origen, a ninguna persona en condición de refugio.

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