DEFENSORÍA PÚBLICA ARTICULA ACCIONES PARA VIABILIZAR INDULTOS PRESIDENCIALES

Dic 8, 2021

Con el objetivo de coordinar acciones que permitan la aplicación de los decretos ejecutivos No. 264 y 265, para beneficio del indulto presidencial de las personas privadas de la libertad, el Defensor Público General, Ángel Torres Machuca, lideró una mesa de trabajo, con las autoridades del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes en Conflicto con la Ley (SNAI), del Ministerio de Salud Pública y representantes de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y Secretaria de Derechos Humanos.

En la reunión, realizada este 07 de diciembre de 2021, la máxima autoridad de la institución resaltó que, inmediatamente se emitieron los decretos ejecutivos 264 y 265, dispuso a las direcciones provinciales articular acciones, dentro de las competencias de la Defensoría Pública, para el cumplimiento de las disposiciones presidenciales.

En ese contexto destacó que, con la colaboración de los directores de los Centros de Privación de la Libertad, se han conseguido 10 indultos, pertenecientes a las provincias de Loja, Azuay y Cañar y otros 10 casos están en revisión del SNAI, en Pichincha y Cotopaxi. Precisó que son los jueces quienes administran justicia y otorgan los indultos, los defensores solo solicitan.

Compromisos institucionales

Al término de la mesa de trabajo, la Defensoría Pública se comprometió a requerir al órgano jurisdiccional competente, las sentencias ejecutoriadas de las personas privadas de libertad que podrían acogerse a lo dispuesto en el decreto ejecutivo 265 y a brindarles el patrocinio legal.

Para el cumplimiento de la gestión, los defensores públicos obtendrán las certificaciones correspondientes que acrediten que las personas privadas de libertad no tienen procesos penales pendientes y realizarán el seguimiento del trámite ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

Mientras tanto, el SNAI, acordó coordinar con los directores de los centros de privación de libertad, a fin de que levanten la información de las personas privadas de libertad, que cumplan con las condiciones para acogerse al indulto presidencial otorgado en el Decreto 265 y a remitir a la Defensoría Pública del Ecuador.

Así mismo, el Ministerio de Salud Pública, se comprometió a identificar a las personas privadas de libertad que cumplen las condiciones de enfermedades catastróficas y entregar las certificaciones médicas al SNAI.

Para el efectivo cumplimiento de los decretos presidenciales, el Directorio del Organismo Técnico y Secretaria de Derechos Humanos apoyará al SNAI en la depuración de listados de las personas privadas de la libertad que podrían acogerse al indulto, articulará con el Ministerio de Salud la conformación de brigadas médicas que acudan a los centros de privación de libertad y coordinará la ejecución de los compromisos asumidos por la mesa de trabajo convocada por la Defensoría Pública.

En la reunión, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, se comprometió a supervisar la ejecución del Decreto Ejecutivo 265 y a intervenir para solucionar nudos críticos que se presenten durante la viabilización de la disposición presidencial.

A la mesa de trabajo, convocada por el Defensor Público General, Angel Torres Machuca, asistieron el subdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (SNAIN), Freddy Drouet; el Viceministro de Gobernanza del Ministerio de Salud, José Ruales; los delegados de Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Hugo Aguiar y Roberto Andrade; y, de la presidenta del Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y Secretaria de Derechos Humanos, María Inés Orellana.

Para mayor información comuníquese con
Jorge Loayza – 0969004672
Director de Comunicación Social
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