Asesoría legal y mediación mitigaron problemas de inquilinato en migrantes y refugiados

El Defensor Público General, Ángel Torres Machuca, participó, como panelista, en el seminario web internacional “Mitigación de riesgos e impactos de los desalojos, en el contexto Covid-19, para la población refugiada y migrante de Venezuela”, que organizó la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de ese país, el viernes 26 de junio de 2020.

Ningún desalojo es legal si no existe una orden judicial, destacó en su intervención, y precisó que era imposible obtener ese documento porque los jueces de inquilinato no estaban activos desde el 17 de marzo de 2020, por la suspensión de la jornada laboral presencial de la Función Judicial, debido a la pandemia.

Sin embargo, la Defensoría Pública mitigó el riesgo de desalojos con asesoría y mediación en más de 300 casos, entre el 17 de marzo y el 23 de junio. Además, implementó un formulario web, con la asignación inmediata de un abogado para absolver consultas.

La máxima autoridad recordó que, en el contexto de la emergencia sanitaria, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Apoyo Humanitario, que se promulgó el 22 de junio, y que prohíbe el desalojo de los inquilinos. “Antes de esta norma no existía esa protección expresa”. De esa manera, “la vía judicial se activa por los arrendadores quienes exigen el pago del alquiler, por lo que mediar y llegar a acuerdos extrajudiciales es lo más conveniente”.

En el ciclo de preguntas, explicó que la falta de regularización migratoria de muchos venezolanos les impide acceder a un trabajo formal y asumen labores con pago diario o ventas en las calles. “La declaración de emergencia y el confinamiento los limitó de ingresos y no pudieron pagar la renta a tiempo, por lo que los arrendadores iniciaron procesos irregulares para el desalojo”, sostuvo.

Respecto a la garantía para prevenir el desahucio reiteró el apoyo permanente de la Defensoría Pública, con asesorías y mediación, a las personas en condición de movilidad humana y refugio, como parte de los grupos de atención prioritaria.

Durante el panel, recordó que la Ley de Apoyo Humanitario ampara al inquilino porque determina que “durante el tiempo de vigencia del estado de excepción, y hasta sesenta días después de su conclusión, no se podrán ejecutar desahucios a arrendatarios de bienes inmuebles”.

La normativa señala que cuando el arrendador pertenezca a un grupo de atención prioritaria y el arriendo sea su medio de subsistencia no aplica la suspensión temporal del pago, salvo que quien alquila también pertenezca a ese mismo grupo, destacó.

Asimismo, explicó que para que los arrendatarios se acojan a la suspensión temporal deben cancelar, al menos, el 20% del pago pendiente y que la medida podrá extenderse si las partes llegan a un convenio.  “Tenemos el desafío de ser mediadores en esos acuerdos y buscar que esta norma se respete”, enfatizó.

El Defensor Público General reconoció al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) por el apoyo en el trabajo con los migrantes venezolanos e insistió en afianzar la regularización para que puedan acceder a un trabajo formal.

En el evento internacional participaron expertos en Derechos Humanos, movilidad humana y refugio de Uruguay, Colombia, Brasil; de la Organización de las Naciones Unidas; y de Organismos No Gubernamentales.

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