La labor desplegada por la Defensoría Pública se ha sustentado en tres premisas fundamentales de la realidad nacional: pobreza, acceso a la justicia y derechos humanos.

La palabra pobreza no debe ser comprendida estrictamente desde la perspectiva económica, como sinónimo de carencia de bienes materiales, aunque ésta sea la manera más fácil de delimitar objetivamente su significado. Factores como el analfabetismo, dolencias crónicas y deficiencias (físicas o mentales), inseguridad y vulnerabilidad a la violencia, susceptibilidad a desastres o adversidades naturales, aislamiento físico o social, también deben considerarse para configurar la noción de pobreza.

Por ello, es preciso tener presente que no es exclusivamente la condición económica la que explica la mayor o menor incidencia de obstáculos para el acceso a la justicia y derechos por parte de las personas menos favorecidas, aunque ese problema sea más grave en las clases de menores ingresos.

Además, estas tres premisas suponen problemáticas específicas, sean estas marcadas por la pobreza, el grado de acceso a la justicia y el nivel de vulnerabilidad en el respeto a los derechos humanos de las personas consideradas como pobres.

La Defensoría Pública diseñó políticas de atención desde esta perspectiva, considerando un mayor énfasis en los Grupos de Atención Prioritaria, cuya vulnerabilidad es mayor, como es el caso de la población rural y de sectores periféricos de las grandes ciudades, poblaciones indígenas y afro ecuatorianas, mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidades, personas con enfermedades catastróficas y personas con enfermedades poco frecuentes o raras, grupos sociales víctimas de catástrofes, solicitantes de refugio, entre otras personas que se encuentran en condiciones de indefensión.

Esta priorización se basa además en un modelo de atención misional, es decir, la asesoría y el patrocinio legal a las personas que, por su condición económica y social, no pueden contar con un abogado defensor privado.

Durante el período de vida institucional, la Defensoría Pública ha realizado un trabajo sistemático y de largo plazo, para lograr el acceso a la justicia como una de las formas más eficientes de materializar los derechos humanos, y en el caso de las poblaciones integrantes de los estratos sociales y económicos menos favorecidos, que puedan contar con asistencia jurídica integral y gratuita, para defender sus derechos y exigir que en cada proceso judicial se siga el debido proceso.

En este sentido y con la finalidad de dar a conocer cómo se tradujeron los postulados mencionados en una atención efectiva a la población meta, nos permitimos dar a conocer la información estadística oficial, con los principales indicadores y datos relevantes de atención durante el año 2017.