DEFENSORÍA PÚBLICA IMPULSARÁ MEDIDAS DE REPARACIÓN EN FAVOR DE VÍCTIMAS DE FURUKAWA

Dic 13, 2024

La Defensoría Pública del Ecuador realizará los impulsos procesales necesarios para garantizar que Furukawa Plantaciones del Ecuador C.A. cumpla con las medidas de reparación a favor de las 20 personas que representó la institución en el caso 1072-21-JP y acumulados. En esta causa, la Corte Constitucional (CC) determinó que Furukawa violó la prohibición constitucional de la esclavitud, que contempla el artículo 66 de la Constitución de República.

El organismo tomó esta decisión tras revisar y aceptar las acciones de protección que presentaron algunos afectados y entidades, incluida la Defensoría Pública, en contra de Furukawa y diversas instituciones públicas.

El defensor público a cargo, Jonathan Vera, llevó a cabo entrevistas individuales con cada uno de los usuarios para recabar pruebas y evidenciar situaciones similares a las de otros extrabajadores que ya habían obtenido fallos favorables en acciones de protección contra la compañía.

Asimismo, fundamentó la petición al evidenciar la vulneración de derechos como la igualdad y no discriminación, vida digna, trabajo, salud, educación, acceso al agua, alimentación, seguridad social, vivienda adecuada, identidad y la prohibición de esclavitud y servidumbre.

En la audiencia del 9 de abril de 2024 participaron los accionantes de otras causas, representantes de diversas carteras de Estado, la compañía Furukawa y el defensor público. Este último patrocinó a Daynis Rosario Ortiz Cacierra y Luis Richard Vega Chamba, quienes representaron al grupo de 20 personas. Durante la diligencia, ambos usuarios expusieron sus testimonios ante los magistrados de la CC.

En la resolución se determinó que Furukawa había vulnerado la prohibición constitucional de la esclavitud y que las entidades públicas demandadas incumplieron su deber de prevenir y proteger frente a la «servidumbre de la gleba», una práctica equiparable a la esclavitud.

Como parte de las medidas de reparación integral, la CC ordenó a Furukawa el pago de indemnizaciones por daño material e inmaterial y disculpas públicas. Las entidades públicas deberán desarrollar política interinstitucional para abordar y superar las causas estructurales que favorecieron este tipo de servidumbre. Además, dispuso la implementación de reformas legales para evitar la impunidad corporativa y eliminar prácticas análogas a la esclavitud.

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