DEFENSOR PÚBLICO PLANTEA PROPUESTAS DE SOLUCIÓN A VARIAS PROBLEMÁTICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO

El defensor público general, Ángel Torres Machuca, acudió al llamado de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, de la Asamblea Nacional, para exponer un diagnóstico y evaluación de lo que sucede en los centros de rehabilitación social del país. La máxima autoridad enfatizó en 10 nudos críticos que, en el ejercicio de las funciones de defensores públicos, ha determinado y sus posibles soluciones.

Explicó que la Defensoría Pública brinda asesoría y patrocinio legal a personas privadas de libertad, como grupo de atención prioritaria, y que, de enero a junio de 2021, gestionó 5.209 causas, cifra que supera el 15% al mismo periodo de 2020. Más de la mitad de estos procesos (55%) corresponden a beneficios penitenciarios, sostuvo.

“Llama la atención que de los patrocinios gestionados en 2021 existen expedientes, en un 50%, cuya data hace referencia a años anteriores: 2015-2020, principalmente en Guayas y Cotopaxi. Esta alerta debe llamarnos la atención y realizar una verificación de la tramitación”, expresó la máxima autoridad.

Aclaró que la Defensoría Pública no es parte del Organismo Técnico Rector del Sistema de Rehabilitación, sin embargo, colabora en la construcción y presentación permanente de propuestas para encontrar soluciones a la crisis penitenciaria.

Nudos críticos y soluciones

El Defensor Público se refirió a uno de los inconvenientes dentro del sistema de rehabilitación, que tiene que ver con el uso excesivo de la prisión preventiva, que bordea el 30% de la totalidad de la población penitenciaria. Precisó que esta medida debe ser de última ratio y que el Código Penal, además de la prisión preventiva, contempla una serie de acciones cautelares, que podrían aplicarse.

Otra de las dificultades que encuentra la Defensoría Pública es la demora en el señalamiento de audiencias para la solicitud de beneficios penitenciarios, muchas veces, dijo el funcionario, se las señala, incluso, cuando el privado de libertad cumplió la pena. Su propuesta es que se otorgue a todos los jueces de garantías penales la facultad para resolver temas de garantías penitenciarias y que los casos se resuelvan sin convocar a audiencia, ya que cuentan con los informes favorables del centro de rehabilitación social.

Respecto de la competencia de estos mismos jueces, también planteó que se les permita conceder boletas de excarcelación para solucionar el nudo que se presenta en la emisión de este documento, que se da en el lugar donde la persona está cumpliendo la pena, pero, muchas veces, ha sido trasladada a otro lugar.

El Defensor Público también planteó que se descentralice la comisión para el análisis, revisión y aprobación de los expedientes, puesto que se los realiza solo en Quito, con lo que se pierde mucho tiempo. Asimismo, que se genere una herramienta informática para tener información transparente, en tiempo real y que genere alertas, por ejemplo, de quiénes podrían acceder a un beneficio penitenciario.

Una articulación entre el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai) y el Consejo de la Judicatura para poder obtener de manera más ágil las copias de los procesos judiciales para la obtención de beneficios penitenciarios que, por ahora, demoran y dilatan las causas, es otra de las propuestas que sugiere la Defensoría Pública. Además, que se realicen ajustes y se socialice el Reglamento del Sistema de Rehabilitación Social a fin de que se elimine la discrecionalidad y subjetividad en su aplicación.

De acuerdo con la máxima autoridad se ha observado ausencia del Ministerio de Salud para valorar a las personas privadas de libertad, por lo que se debería coordinar con esta Secretaria de Estado, a fin de que disponga médicos de planta en los centros de rehabilitación social. Mientras que, con el propósito de descongestionar estas instalaciones, precisa que se debe aplicar instrumentos jurídicos, como el indulto, con la determinación de parámetros claros y la eliminación de requisitos innecesarios.

Por último, enfatizó en la necesidad de asignar recursos para, por ahora, cubrir las 30 vacantes de defensores públicos que renunciaron o fueron destituidos, puesto que la institución tiene un déficit de 200 funcionarios. Este punto causó preocupación en los integrantes de la Comisión parlamentaria. Su presidente, Ramiro Narváez, ofreció su respaldo para sumar esfuerzos frente a esta demanda.

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