POLÍTICA DE JUSTICIA ABIERTA SE DIFUNDIÓ EN GUARANDA
El Defensor Público General, Ricardo Morales Vela, cumplió una agenda de trabajo en Guaranda, provincia de Bolívar, el domingo 01 y lunes 02 de septiembre de 2024, para difundir la política de Justicia Abierta.
En la Comunidad Killupunku, de la parroquia Guanujo, participó en el taller “Justicia Abierta con un enfoque en la Justicia Indígena”. En su intervención, señaló que este instrumento de legitimación tiene como base la transparencia, la participación social y la cooperación. “La Defensoría Pública trabaja en territorio con las comunidades y promueve procesos de capacitación para fortalecer los sistemas de justicia, respetando las normas y procedimientos propios”, manifestó.
Los dirigentes agradecieron la presencia del Defensor Público General, por ser la primera autoridad en visitar la comunidad, y dar a conocer los servicios legales gratuitos que brinda la institución.
En Guaranda mantuvo reuniones de trabajo con el presidente de la Corte Provincial, Fabricio Astudillo, el director del Consejo de la Judicatura de Bolívar, Haraldo Romero, así como con la fiscal provincial, Mercedes Valencia, donde explicó la implementación de la política de Justicia Abierta. Las autoridades coincidieron en consolidar las relaciones interinstitucionales para mejorar el sistema de justicia.
Con el prefecto de Bolívar, Aníbal Coronel, acordó trabajar en temas comunes, con énfasis en violencia de género y defensa de la naturaleza. El objetivo de la actual administración es estrechar lazos con los gobiernos seccionales para acercar los servicios a la ciudadanía, a través de tres unidades móviles con oficinas que recorren los lugares más apartados del país, como parte del proyecto “Ruta de los Derechos”.
La máxima autoridad también mantuvo un encuentro con el personal de la Defensoría Pública de Bolívar, a quienes exhortó a enfocar su trabajo con probidad y fortalecer el derecho de Acceso a la Justicia en favor de los más necesitados.
En entrevista con radio Impacto habló sobre la aplicación de la Justicia Abierta, política que tiene una buena acogida y que, por los resultados alcanzados en la entrega de asesoría legal gratuita a los sectores vulnerables, ya cuenta con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para la donación de tres unidades móviles más hasta 2026. Además, destacó la incorporación de 14 defensores públicos, en seis provincias, lo que permitirá dar un mejor servicio a la ciudadanía.
