Defensoría Pública atendió más de 270 mil solicitudes ciudadanas en 2019

El Defensor Público General, Ángel Torres Machuca, dio a conocer que la Defensoría Pública atendió 278.349 solicitudes ciudadanas en 2019, durante la presentación del Informe Anual de Labores ante la Asamblea Nacional, el martes 14 de enero de 2020. En 18 meses de su gestión se atendieron más de 350 mil solicitudes ciudadanas, destacó.

El patrocinio, penal y no penal constituye el 83,6% del total de servicios, mientras que asesorías y mediación, el 16,4%.

En 2019, la atención de los servicios defensoriales se incrementó en 4,0% respecto de 2018, debido al aumento en el número de solicitudes de asesoría y mediación, precisó.

Alrededor de 143 barrios de 48 parroquias de la provincia de Pichincha fueron atendidos por dos unidades de la Defensoría Móvil. Además, 66 Consultorios Jurídicos Gratuitos, acreditados a las universidades del país y otros organismos, también asesoran y patrocinan a la ciudadanía.

La atención a víctimas fue una de las prioridades y, con ese fin, se crearon dos unidades especializadas, para casos de violencia de género y violencia intrafamiliar.

El Defensor Público General afirmó que en el 2019 se extendieron los servicios para atender el incremento inusual en movilidad humana, la emergencia carcelaria, la observancia de la justicia indígena y el cambio de paradigmas de la justicia juvenil restaurativa.

Recordó que durante el Estado de Excepción que vivió el país, en octubre de 2019, “los defensores públicos atendieron en jornadas ininterrumpidas para que las personas detenidas no se queden en estado de indefensión, como dispone la ley”.

“La Defensoría Pública no administra justicia, eso es competencia exclusiva de los jueces. Nosotros asumimos la defensa técnica a quienes patrocinamos, porque esa es nuestra noble misión”, reiteró.

En el ámbito de las iniciativas legislativas señaló la presentación a la Asamblea Nacional del proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría Pública, represado por 11 años, “propuesta que busca normar la prestación de servicios para brindar asistencia legal integral a los ciudadanos” y “propone la creación de la Escuela Defensorial, con el fin de potenciar servicios defensoriales técnicos y de calidad”.

Además, señaló que se propuso la creación de defensores públicos anticorrupción, como parte de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial y se entregó aportes para las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, como parte de la Comisión Técnica del Acuerdo 2030.

La Defensoría Pública cuenta con 194 puntos de atención, en 146 cantones de las 24 provincias del país, en los que laboran 733 defensores. “Pero la necesidad real para una adecuada atención es de 876 defensores públicos, si se toma como referencia la

relación de cinco defensores públicos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con el Plan Estratégico de la Función Judicial 2019 – 2025”, explicó.

Puntualizó que la carga procesal de un defensor público, en el año 2019, fue de 317 con una remuneración que representa la mitad de lo que gana un Fiscal, “esto además de ser injusto es ilegal e inconstitucional, situación que debe ser corregida en el menor tiempo posible”.

En cuanto al presupuesto para la Institución señaló que, en 2019, la ejecución fue del 99, 22 por ciento de los recursos asignados, que superan los 33 millones de dólares, “insuficientes para cubrir las demandas de atención a la ciudadanía y necesidades de cumplimiento de la misión social institucional”.

La actual administración priorizó temas emergentes como la adjudicación de la reconstrucción del edificio de Portoviejo, afectado por el terremoto de 2016, obra que “en seis meses estará lista” y la recuperación de un terreno donado por el Municipio de Santo Domingo, donde se prevé construir el edificio de la Defensoría Pública cuyos estudios ya iniciaron.

Destacó la presencia Internacional de la Defensoría Pública con “propuestas en foros, tales como: REDPO, Reunión Especializada de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur; y, AIDEF, Asociación Interamericana de Defensorías Públicas” y la suscripción de “alrededor de 12 convenios y alianzas estratégicas con organismos, defensorías públicas, asociaciones regionales y universidades internacionales”.

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