El 3 de octubre, en el edificio Renazzo Plaza, se reunieron cerca de 30 funcionarios que producen, tabulan, publican y registran la información pública de la Defensoría Pública. La Dirección Nacional de Gestión y Acreditación de Recursos y la Subdirección de Cooperación y Comunicación Social invitaron a Christian Pérez, Director Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a Jenny Vélez, de la Defensoría del Pueblo, para que compartan conocimientos y criterios específicos sobre el manejo de la información pública y las evaluaciones.
La transparencia es un valor fundamental en la gestión del Dr. Ángel Torres Machuca, Defensor Público General, por ello, al clausurar este taller, agradeció a los funcionarios y los invitó a seguir aportando. Por su parte, la representante de la Defensoría del Pueblo destacó la importancia de que se generen estos espacios, además de que felicitó la iniciativa del Defensor Público General al ser la transparencia uno de los ejes que rigen su gestión durante el proceso de transición.
Esta actividad tuvo como objetivo apropiarse del derecho a la información. Christian Pérez destacó la importancia de este derecho: “No es solo la información que subimos mes a mes en la página web; es conocer los derechos que tienen los ciudadanos”. Alentó a los funcionarios a precautelar ese derecho y felicitó el interés de la Defensoría Pública por ampliar sus conocimientos y mejorar el manejo de esta gestión.
Jenny Vélez arrancó el taller con la definición del derecho a la información; se trata de un derecho humano que prevalece en la Constitución ecuatoriana, en Ley Orgánica Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Asimismo, resaltó que la ciudadanía es la propietaria de esta información, mas no el servidor público. Por ello, “si actuamos con discreción al momento de comaprtirla, estaríamos vulnerando ese derecho”, dijo.
La funcionaria de la Defensoría del Pueblo hizo hincapié en que es obligación de cada institución pública adaptar su web para los grupos de atención prioritaria, de manera que el derecho se garantice para todos y todas. En el taller se revisaron las matrices y parámetros para las evaluaciones y se atendieron las inquietudes de los funcionarios de la Defensoría Pública.