DEFENSOR PÚBLICO PRESENTÓ INFORME DE LABORES EN ASAMBLEA NACIONAL
El Defensor Público General, Ricardo Morales Vela, presentó al Pleno de la Asamblea Nacional el Informe Anual de Labores 2024, donde destacó los logros de la institución en materia de defensa legal gratuita y acceso a la justicia. “Este informe refleja el compromiso de la Defensoría Pública con la ciudadanía y su esfuerzo por acercar la justicia a quienes más lo necesitan”.
Con un enfoque en brindar servicios legales gratuitos de calidad, la Defensoría Pública alcanzó 364.314 atenciones ciudadanas: 220.884 patrocinios, 141.099 asesorías y 2.331 mediaciones, que representó un ahorro estimado de 254,2 millones de dólares para la ciudadanía.
En unidad con la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración, la Defensoría Pública avanzó en la implementación de su política de Justicia Abierta.
En trasparencia, destacan la creación de la ventanilla virtual de quejas ciudadanas y rediseño de la plataforma institucional; en participación ciudadana, la suscripción de 97 convenios interinstitucionales con organismos nacionales e internacionales; en colaboración, la consolidación de alianzas estratégicas con entidades como Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Programa de las NN.UU para el Desarrollo (PNUD) y Embajada de Estados Unidos.
Además, junto con los consejos nacionales para la igualdad, la institución trabajó en el seguimiento y evaluación de resultados según los planes de acción.
La innovación y el fortalecimiento de servicios marcaron la gestión de 2024. Entre las iniciativas más significativas se encuentran la creación de la Oficina Defensorial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado (OFIDECO); la Ruta de los Derechos, que recorrió 14 provincias, 62 cantones y 147 sectores, donde brindó 1.573 asesorías y patrocinios gratuitos; así como la potenciación del servicio virtual con Justicia Lejos de Casa.
También, el impulso de una cultura de paz, mediante procesos alternativos de resolución de conflictos, que se ejecutan en dos centros de mediación en Quito y uno en Guayaquil y la propuesta de creación del Instituto de Altos Estudios Jurídicos Judiciales para la formación especializada de operadores del sistema de justicia.
La Defensoría Pública consolidó acuerdos con gobiernos autónomos, universidades y consejos nacionales de igualdad. Asimismo, la colaboración con ACNUR, OIM y PNUD y otros organismos resultó clave para el desarrollo de proyectos prioritarios en beneficio de las comunidades más vulnerables.
El Defensor Público General puso énfasis en la urgencia de conseguir el fortalecimiento económico de la institución en favor de los grupos vulnerables. «Somos los abogados gratuitos de la gente, de nuestros ciudadanos”, enfatizó.
