Ley Orgánica de la Defensoría Pública no impacta al presupuesto del Estado

Nuestra administración impulsa la aprobación de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública y la homologación salarial, entre otras acciones para fortalecer a la institución y cumplir con la defensa técnica gratuita, señaló el  Defensor Público General, Ángel Torres Machuca, durante la entrevista en la radio de la Asamblea Nacional, el lunes 27 de enero de 2020.

La homologación no se ha cumplido, pese a que la Constitución dispone contar con condiciones laborales equivalentes a la Fiscalía General del Estado. “Hay que tomar en cuenta que un defensor público percibe como remuneración la mitad de lo que gana un fiscal”, precisó.

Durante la entrevista, la máxima autoridad aclaró que la Defensoría Pública es consciente de la realidad económica que atraviesa el país;  sin embargo, lo que se plantea no afecta al Presupuesto General del  Estado. “El  porcentaje  para la homologación salarial es mínimo” y su aprobación depende del Consejo de la Judicatura, y los ministerios de Trabajo y Finanzas, señaló.

 “Los defensores públicos hacemos todos los  esfuerzos por brindar la asesoría y el patrocinio legal que requiere la ciudadanía, tanto es así que, el defensor público trabaja las 24 horas al  día, los siente días a la semana”. La capacitacicion, inclusive, se realiza por autogestión.

El presupuesto de la Defensoría Pública para 2020 es de 34 millones de dólares, de los  cuales el 96 por ciento es para el pago de nómina. Existen  733 defensores públicos que laboran  en 194 puntos de atención, en 146 cantones de las 24 provincias del país. “Realmente hay un déficit”, lo óptimo sería contar con   876 defensores, es decir cinco defensores públicos,  por cada 100 mil habitantes.

El Defensor Público General también resaltó que, luego de 11 años de creada  la Defensoría Pública, la actual administración presentó un proyecto de Ley  Orgánica para normar la organización y el funcionamiento institucional, con principios rectores y competencias del  personal misional.

La propuesta de ley no tiene impacto fiscal y “establece las directrices jurídicas, para prestar asistencia legal integral, garantizar el eficaz acceso a la justicia y a una defensa técnica gratuita de calidad”.

El proyecto de ley, que entregó al presidente de la Asamblea Nacional el 04 de septiembre de 2019, fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y se tramita en la Comisión de Justicia y Estructura del  Estado,  que recibió observaciones y está listo para primer debate.

Así mismo, exhortó a los asambleístas a aprobar la ley “por ser la Defensoría Pública, una Institución garantista de derechos, que cumple una misión netamente social, de defensa técnica a los más necesitados del  Ecuador”.