La Defensoría Pública plantea implementar jueces, fiscales y defensores especializados en delitos anti corrupción.

Los delitos de corrupción deben ser investigados con seriedad y castigados con severidad, priorizando la reparación integral, con la recuperación del  dinero de los corruptos, señaló el Defensor Público General (e), Dr. Ángel Torres Machuca, en la presentación de las observaciones al proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), para la creación de jueces anticorrupción, que tramita la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.

En su comparecencia, el miércoles 27 de noviembre de 2019, la máxima autoridad afirmó que la Defensoría Pública apoya la creación de jueces especializados, para tratar delitos vinculados a la corrupción. Entre 2016 y octubre de 2019, la Institución atendió  8.956 patrocinios por estos casos, precisó.

La propuesta establece que,  al  mismo  tiempo que se crean jueces anticorrupción, también “desde la Fiscalía General del Estado y desde la Defensoría Pública General del Estado, se creen tanto fiscales como defensores públicos especializados, en este tipo de delitos para una correcta investigación y un mejor patrocinio en este tipo de causas”.

Además, plantea introducir una disposición transitoria que permita “contar con los recursos necesarios y el respaldo político para la oportuna implementación de la ley”.

El texto propuesto por la Defensoría Pública señala que: “En  el plazo de 90  días, el Consejo de la Judicatura deberá destinar los recursos  suficientes para la capacitación y posterior especialización de fiscales y defensores públicos que investiguen los delitos y  patrocinen a los procesados por los delitos a los que se refiere esta ley. Recursos que deberán ser destinados a la Fiscalía General del Estado y a la Defensoría Pública, respectivamente, para su  implementación y  ejecución”.

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