LA DEFENSORÍA PÚBLICA ACERCA LA JUSTICIA A MACHALA CON LAS BRIGADAS “PUERTA A PUERTA”
El proyecto Ruta de los Derechos continúa fortaleciendo el acceso efectivo a la justicia y a la defensa pública gratuita desde el territorio. Como parte de esta iniciativa, el Defensor Público General, Ricardo Morales Vela, inauguró en Machala, provincia de El Oro, las brigadas de atención “Puerta a Puerta” que acerca los servicios de la Defensoría Pública directamente a la ciudadanía, priorizando a los grupos en situación de vulnerabilidad.
Esta modalidad de atención pretende superar las barreras geográficas, sociales, estructurales, para acercar, de manera directa, los servicios de la Defensoría Pública a los hogares, donde habitan niñas, niños y adolescentes; mujeres víctimas de violencia; personas adultas mayores; personas con discapacidad; personas en movilidad humana; y, familias en situación de pobreza o pobreza extrema.
En el inicio del proyecto, personal de la Defensoría Pública y estudiantes de las universidades Técnica de Machala y Metropolitana, debidamente identificados con distintivos de la institución, acudirán para orientar sobre los requisitos habilitantes en el inicio de acciones legales o de mediación; y, canalizar casos relacionados con: pensiones alimenticias; demandas de paternidad y filiación; violencia intrafamiliar y de género; conflictos laborales; inquilinato; protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.
La brigada dispondrá de formularios impresos para la derivación a los consultorios jurídicos gratuitos, en los casos que no se encuentren dentro del ámbito de atención directa de la institución, evitando demoras innecesarias a la ciudadanía.
Las visitas se realizarán bajo el criterio de confidencialidad y con enfoque en derechos humanos, género, interculturalidad y atención prioritaria. Al finalizar se colocará un adhesivo identificativo en el lugar visitado por la Defensoría Pública.
Las brigadas de atención “Puerta a Puerta”, como componente de la Ruta de los Derechos, priorizarán parroquias y comunidades ubicadas a más de cinco kilómetros de un punto permanente de atención, zonas rurales, amazónicas, fronterizas y sectores con elevados índices de vulnerabilidad social o conflictividad legal.
