DESPUÉS DE 13 AÑOS, MUJER DECLARADA MUERTA RECUPERÓ SUS DERECHOS COMO PERSONA VIVA
Este febrero recordamos un año desde que Bertha Revelo Erazo recuperara sus derechos como persona viva, después de más de 13 años declarada como muerta. Tras conocer su caso, la Defensoría Pública le brindó patrocinio legal para que el Registro Civil certifique que Bertha se encontraba viva.
La historia
Todo inició el 24 de marzo de 2006 cuando Bertha viajaba en la unidad de transporte de la Cooperativa Baños, rumbo al Coca-Orellana. El bus se accidentó, se precipitó a un barranco de aproximadamente 200 metros de profundidad, dejó varias personas heridas y otras fallecidas.
Bertha no murió, pero perdió la memoria. Deambulaba en las vías, hasta que una familia manabita la acogió y decidió no comunicar a la policía, por temor a ser denunciada por el delito de secuestro. Por su parte, su hijo Roberto Carrión Revelo la buscaba intensamente, aunque ella no sabía.
Mientras estaba muerta por sentencia judicial fueron años muy difíciles, según Bertha. Le negaban el acceso a servicios básicos, como la atención médica y otros, porque en los registros aparecía como persona fallecida.
Con el paso del tiempo recuperó parcialmente la memoria y después de 10 años del accidente, en mayo de 2016, en Quito, se reencontró con su hijo; sin embargo, al existir una sentencia judicial que la declaraba fallecida, no podía ejercer sus derechos ciudadanos, ni asumir la posesión de sus bienes.
En ese mismo mes y año, acudió a la Defensoría Pública de Napo, en busca de ayuda y orientación legal. Inmediatamente, la institución inició las diligencias necesarias para rehabilitar la situación jurídica de Martha, como ciudadana ecuatoriana.
Con el acompañamiento permanente, el defensor público del Napo, Christian Rodríguez, en diciembre de 2018, logró que la oficina técnica del Registro Civil, mediante cotejo dactilar, certifique que Bertha Revelo Erazo “se encuentra viva”. Con este documento se inició una batalla judicial para que se deje sin efecto la inscripción de su defunción y recuperar sus derechos ciudadanos, entre ellos la posesión definitiva de bienes, que estuvo a favor de su hijo.
Este fue un caso inédito para la Defensoría Pública, debido a que no existían antecedentes de este procedimiento en el Código Orgánico de General del Procesos ni en la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, señaló Rodríguez.
Desde 2016 hasta 2019, se realizaron siete impulsos judiciales hasta que, finalmente, en febrero de 2020, la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en el cantón Tena, en audiencia, aceptó la demanda planteada por la Defensoría Pública y declaró la nulidad de la sentencia de muerte presunta.
El defensor público destacó que con el fallo se rehabilitó a la ciudadana ecuatoriana como sujeto de derechos, restituyéndole principalmente el derecho a la identidad.
Cifra de atenciones
De enero a diciembre de 2020, la Defensoría Pública atendió 233.834 solicitudes ciudadanas a escala nacional. El patrocinio, penal y no penal, constituyó el 86.76% del total de servicios, mientras que asesorías y mediaciones alcanzaron el 13.23%.
En Napo se gestionaron 1.904 solicitudes, de ellas 1.809 fueron patrocinios y 95 asesorías legales.
En patrocinios la línea de mayor demanda fue penal con 1.177 solicitudes; familia, niñez y adolescencia con 584 trámites; y adolescentes en conflicto con la ley, con 40 casos
En asesorías, los ciudadanos acudieron en mayor medida por los servicios de: Penal, que registró 59 solicitudes; Familia, niñez y adolescencia, 29 y Civil, cuatro.
