DEFENSORÍA PÚBLICA Y FIDAL FIRMARON CONVENIO PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL MISIONAL Y ADMINISTRATIVO
La Defensoría Pública del Ecuador suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina (FIDAL), en un acto desarrollado la mañana de este miércoles 10 de mayo de 2023, con la presencia de las principales autoridades de las dos instituciones.
Durante su intervención, el Defensor Público General del Estado (e), Dr. Ángel Torres Machuca señaló que es muy importante la firma del acuerdo, que tiene por objeto sumar esfuerzos e intercambiar experiencias, para fortalecer los procesos de formación de los funcionarios de la Defensoría Pública y la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública, a través de la Escuela Defensorial.
Destacó la cooperación de organismos no gubernamentales, como FIDAL e indicó que, con este acuerdo, la Defensoría Pública se compromete a planificar, conjuntamente, capacitaciones en temas relacionados con la sensibilización ante la discriminación y xenofobia; así como, a difundir el trabajo del Centro de Formación para el Futuro – CFF, Escuela de Liderazgo.
Por su parte, la Presidenta Ejecutiva de FIDAL, Dra. Rosalía Arteaga, resaltó la iniciativa de suscribir un convenio que generará mecanismos de articulación interinstitucional, para la formación y perfeccionamiento de habilidades de defensoras, defensores públicos y de quienes conforman la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública, constituida por los consultorios jurídicos gratuitos.
Asimismo, con el acuerdo, FIDAL se compromete a otorgar tres becas para el Centro de Formación para el Futuro – CFF, Escuela de Liderazgo, las mismas que se entregarán en cada una de las ediciones de esta Escuela; y, a realizar talleres de sensibilización en temas de xenofobia, adaptación a cambio, democracia, ciudadanía y migración.
El acuerdo de cooperación interinstitucional entre la Defensoría Pública del Ecuador y FIDAL tendrá una vigencia de tres años; no generará obligaciones económicas a ninguna de las dos partes; y, el seguimiento, la coordinación, la supervisión y la evaluación del cumplimiento de obligaciones estarán a cargo de los administradores del convenio, designados por ambas instituciones.
