Defensoría Pública suscribe convenio de cooperación interinstitucional para atención al campesinado del Ecuador

El martes 29 de octubre de 2019, el Defensor Público General (e), Dr. Ángel Torres Machuca, suscribió un convenio con la Confederación Nacional de Juntas de Defensa del Campesinado del Ecuador para la prestación gratuita y oportuna de los servicios de orientación, asistencia, asesoramiento y representación judicial.

El convenio se enmarca en la atención legal a las comunidades que conforman las juntas del campesinado, especialmente en las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Bolívar que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos.

En su intervención, el presidente de la Confederación, Raúl Vayas, agradeció “el compromiso y la búsqueda de la defensa legítima por parte de la Defensoría Pública” y se refirió al convenio suscrito como un compromiso que va más allá de un papel o una firma “sino como el deber de verdaderos ciudadanos, como verdaderos ecuatorianos. Nosotros siempre llevamos la mística de que hay que servir”.

El Defensor Público General (e), Dr. Ángel Torres Machuca, destacó que “juntos aportaremos positivamente a una justicia independiente y especializada con cero tolerancia a la impunidad y a la corrupción; con transparencia y rendición de cuentas. Como Defensoría Pública ratificamos el compromiso a la defensa dentro de los principios de justicia, democracia, respeto a los derechos humanos, a la no discriminación y a la buena fe, a nuestros hermanos y colectivos indígenas, en respuesta a sus aspiraciones y necesidades”. 

Entre las obligaciones conjuntas del convenio suscrito están: designar coordinadores de contraparte institucional, que tendrán a su cargo la gestión y administración del convenio, incluida la solución operativa de los problemas que pudieran suscitarse; coordinar actividades de difusión y capacitación de derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador, así como de las resoluciones que afecten a estos colectivos; e incluir los resultados que se obtengan de la ejecución de este convenio en las rendiciones de cuentas que anualmente deben presentar tanto la Confederación como la Defensoría Pública.

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