Defensoría Pública pide mantener la competencia de evaluar y acreditar los consultorios jurídicos gratuitos

 El pleno de la Asamblea Nacional inició el primer debate del informe del proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría Pública, que preparó la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.

 El Defensor Público General, Ángel Torres Machuca, en comisión general, agradeció la acogida a la iniciativa legal, aunque expresó su preocupación ya que el informe propone trasladar la competencia de acreditar y evaluar a los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), razón por la que pidió “corregir este aspecto”.

 En su intervención, alertó que, entregar esta competencia al CACES, implicaría aumento del gasto público debido a que requiere crear un área especializada y contratar profesionales, lo que pone en riesgo la aprobación del proyecto de Ley. Además, precisó que este organismo no tiene entre sus funciones regular, evaluar o acreditar el servicio que prestan estos consultorios jurídicos.

Ante el Pleno, recordó que la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial otorgan a la Defensoría Pública la facultad de acreditar y evaluar a todos los consultorios jurídicos gratuitos. “Esta tarea se cumple por más de 10 años, con personal especializado, parámetros objetivos y estándares internacionales”, puntualizó.

La máxima autoridad indicó que esta responsabilidad no atenta a la autonomía universitaria “porque no sancionamos a profesores, funcionarios o estudiantes, ni tenemos intromisión en aspectos académicos”. Asimismo reiteró que, para garantizar la calidad del servicio, es indispensable que la Institución mantenga esta competencia porque es la encargada de definir las líneas de servicio por su capacidad instalada, necesidad de materias legales y recursos humanos disponibles.

El proyecto

La iniciativa legislativa plantea normar la organización y el funcionamiento de la Institución con principios rectores y competencias.

De igual manera establece directrices jurídicas para prestar asistencia legal integral y garantizar el derecho ciudadano a un eficaz acceso a la justicia y a una defensa técnica, gratuita y de calidad.

El proyecto también propone la creación de la Escuela Defensorial para la formación, capacitación técnica y especialización de los defensores públicos de carrera e impulsa mecanismos de solución alternativa de conflictos, como la mediación.

Con la aprobación de esta normativa, la Institución espera fortalecer las líneas de servicio que mantiene en 194 puntos de atención, en 146 cantones, de las 24 provincias del país, así como de los 66 consultorios jurídicos gratuitos que existen a escala nacional.

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