DEFENSORÍA PÚBLICA LOGRA LIBERTAD PARA CIUDADANA RETENIDA 7 DÍAS EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL
Mediante la acción de Hábeas Corpus, patrocinado por la Defensoría Pública, la ciudadana extranjera Odalis Coromoto Carpio Cortez logró autorización para ingresar al Ecuador, luego de estar retenida por siete días en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, debido a su situación migratoria.
La historia:
Odalis, de 54 años, residía en Ecuador y tramitaba su visa UNASUR, pero por el deterioro de la salud de su padre, quien lamentablemente falleció, tuvo que viajar a su país natal.
A su retorno al Ecuador, el pasado viernes 09 de abril, las autoridades de migración inadmitieron a la mencionada ciudadana, por falta de una visa vigente, pese a que tiene en proceso un trámite de “Visa UNASUR”. Esta situación trastocó sus planes de retomar su trabajo y sus actividades económicas que desarrollaba desde hace dos años que llegó a nuestro país.
Hasta resolver su situación migratoria, fue ubicada en una de las salas de espera de la terminal aérea de Guayaquil, donde pernoctó por siete días sin condiciones que garanticen una estancia digna para la ciudadana.
Gracias a la Defensa técnica de la Defensoría Pública este viernes 16 de abril del 2021 la Jueza resolvió aceptar el pedido de hábeas corpus y disponer su ingreso al Ecuador.
Acciones de la Defensoría Pública
La ciudadana extranjera solicitó los servicios de asesoría legal y patrocinio de la Defensoría Pública, a través de medios virtuales. El defensor a cargo del caso Gabriel Reyes, tras conocer esta situación, presentó la acción constitucional de Hábeas Corpus.
En la audiencia, el defensor señaló que se vulneró el derecho a la libertad de Odalis Coromoto Carpio, al estar retenida en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Además, alegó que la ciudadana extranjera ya tenía aprobada la visa UNASUR, por parte de la Cancillería ecuatoriana; sin embargo, no pudo hacerla efectiva, debido al inesperado viaje a su país de origen.
Luego de estos argumentos, la jueza asignada a este proceso acogió, el pedido de la Defensoría Pública. Tras el fallo, el Defensor Público General, Ángel Torres Machuca, destacó que con este caso la institución ratifica su misión de garantizar el acceso gratuito a la justicia de los grupos de atención vulnerable, como son las personas en condición de movilidad humana.
