Defensoría Pública asumió 290 patrocinios en 176 audiencias de flagrancia durante estado de excepción

Durante la emergencia sanitaria por el COVID-1, el toque de queda, la restricción en la movilización y demás disposiciones, que decretó el Gobierno Nacional, la Defensoría Pública se mantiene activa en las unidades de flagrancia, a escala nacional.

Del 17 al 19 de marzo de 2020, el personal misional asumió el patrocinio de 290 personas, en 176 audiencias de flagrancia, en 21 de 24 provincias del país.

Los casos más frecuentes fueron por incumplimiento de decisiones de la autoridad legítima y del toque de queda; contravenciones de tránsito; y, violencia intrafamiliar.

La provincia del Guayas registró el mayor número de procesados con 149, seguida de Manabí con 17, El Oro 16, Bolívar y Azuay 15, Esmeraldas y Pichincha 11.

Cañar tuvo ocho atenciones en patrocinio, Los Ríos siete, Imbabura seis, Sucumbíos, Cotopaxi, Chimborazo y Santa Elena, cinco cada una; Pastaza y Morona Santiago tres, cada provincia.

Un menor número de casos de patrocinio se registró en Tungurahua con tres; Carchi y Santo Domingo de los Tsáchilas con dos, cada una; Loja y Orellana con uno.

Napo, Morona Santiago y Galápagos no registraron ningún caso.

El Defensor Público General, Ángel Torres Machuca, ratificó la responsabilidad de la Institución de brindar una defensa técnica y de calidad a las personas que por su condición social, económica, cultural o en estado de indefensión no puedan contratar un abogado particular.

La máxima autoridad mantiene reuniones permanentes, por medios telemáticos, con personal misional y administrativo para garantizar la atención en las unidades de flagrancia, 24 horas al día, de manera ininterrumpida; y, continuar con la labor institucional.

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