Defensor Público propone procesos judiciales ágiles para sancionar delitos de corrupción

Una administración de justicia que cuente con los recursos económicos y tecnológicos para investigar, perseguir y sancionar delitos de corrupción, planteó el Defensor Público General, Ángel Torres Machuca, durante el taller de Transparencia y lucha contra la corrupción: “Experiencias internacionales frente al  lavado de activos y  extinción de dominio”,  el miércoles 05 de febrero de 2020.

En la apertura del evento, junto al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, y el secretario Anticorrupción, José De la Gasca, dijo que es necesaria una legislación renovada con jueces, fiscales y defensores públicos, debidamente especializados, y con diligencias judiciales ágiles, sin descuidar el debido proceso, para recuperar capitales y bienes obtenidos de manera ilícita.

Así mismo, destacó la necesidad de la cooperación interinstitucional y el permanente cruce de información entre gobiernos autónomos descentralizados, entes de control y regulación así como “acuerdos con organismos internacionales que puedan proveer herramientas útiles como datos y registros de bienes, información de personas y empresas vinculadas a tramas delincuenciales”.

La máxima autoridad señaló que, en la lucha contra la corrupción, se mantengan “incentivos económicos o similares para quienes denuncien o den información válida y verificable sobre delitos, delincuentes y sus bienes”.

Además, se garantice “el anonimato del denunciante, para que los ciudadanos no tengan temor a denunciar” y se realicen investigaciones confidenciales “para evitar que se oculten bienes o se manipulen los procesos”.

En su intervención, subrayó  dos aspectos del modelo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: la reivindicación que la propiedad privada adquirida legítimamente es un derecho fundamental protegido por la Constitución, la ley y el derecho internacional; y, el cambio de la carga de la prueba, es decir,  el Estado no debe probar nada sino el ciudadano requerido. El Estado solicita al sospechoso que demuestre el origen lícito de los recursos con que se adquirieron sus bienes, precisó.

El Defensor Público General, Ángel Torres Machuca, reiteró que “es urgente buscar mecanismos legales y administrativos para evitar la impunidad y que así los ecuatorianos recuperen la confianza en las leyes y en nuestro sistema judicial”.

Durante la jornada, resaltó el trabajo conjunto con el Instituto Republicano Internacional (IRI) y la Fundación Fidal en la capacitación, actualización y especialización de  80 defensores públicos y personal de los consultorios jurídicos gratuitos acreditados por la Defensoría Pública, en materia de leyes de extinción de dominio.

“La actualización permanente de nuestros funcionarios ha sido una prioridad de esta administración y lo estamos logrando con autogestión, creatividad y el apoyo de instituciones amigas”, puntualizó.

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