El Código Orgánico Integral Penal entró en vigencia en Ecuador
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El Código Orgánico Integral Penal entró en vigencia en Ecuador

El nuevo Código Integral Penal (COIP), aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre de 2013, entró oficialmente en vigencia el domingo 10 de agosto de 2014, después de pasar por un proceso de socialización y debate que ha involucrado a todo el sector justicia, a sectores de la sociedad civil, entre otros actores. Se trata de un cuerpo legal que contiene un total de 730 artículos e incluye 77 nuevas infracciones y delitos tipificados.

Ernesto Pazmiño, Defensor Público General del Ecuador, se muestra optimista ante la entrada en vigencia del nuevo Código, pues representa un avance frente a la legislación anterior y sobre el cual los operadores de justicia han sido capacitados adecuadamente para asumir esta responsabilidad. “Este Código actualiza y ordena el sistema penal, tipifica nuevos delitos y elimina otros por arcaicos e innecesarios”, destacó.

El COIP tiene como eje fundamental aplicar todos los principios que emanan de la Constitución y de los instrumentos internacionales de derechos humanos, incorpora de manera más activa la conciliación y mecanismos de reparación a las víctimas con los cuales se hace efectivizan la protección de los derechos. En el Código se destacan los avances en cuanto a oralidad procesal y reconocimiento de derechos y garantías de las personas privadas de libertad. Incluye procedimientos especiales como el juicio directo aplicable para ciertos delitos de flagrancia que permitirá a los jueces dictar sentencia en un periodo de 10 días; y el procedimiento expedito, aplicable a temas de tránsito y penales.

Por otro lado, se eliminan 17 delitos ineficientes que constaban en el anterior código como vagancia, desprestigio a la autoridad, desobediencia, mendicidad, delitos contra la decencia, injurias calumniosas o promoción de manifestaciones públicas no autorizadas.

Uno de los grandes avances del Código Orgánico Integral Penal está en materia de drogas, pues pone fin a la discrecionalidad de los jueces para imponer las penas y regula la sanción frente a la proporción del delito. Ahora, las penas van desde dos meses hasta los 13 años de prisión sobre la base de la escala (mínima, mediana, alta y gran escala) de tráfico de sustancias determinada por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes (Consep). Además, el Código determina los criterios para diferenciar entre consumidores, microtraficantes y traficantes.

La Defensoría Pública ha previsto realizar un pedido programado y progresivo que permita la aplicación del principio de favorabilidad para las personas que actualmente se encuentran detenidas por cantidades pequeñas de sustancias sujetas a fiscalización. Ello implica, que las personas que fueron juzgadas con el anterior Código y que ya cumplieron su sentencia sobre la base de la nueva ley penal, podrán obtener su libertad.

El Defensor Público General ha sido enfático en afirmar que las personas que recuperarán su libertad son en gran medida consumidores y/o microtraficantes, es decir, las víctimas del narcotráfico y de la pobreza. Una muestra emblemática es que en Ecuador, entre el 75% y 80% de mujeres privadas de libertad, se debe a delitos de drogas, según el estudio Mujeres, delitos de drogas, y sistemas penitenciarios en América Latina.

La Defensoría Pública ha capacitado a los 771 defensores y asistentes legales para que cuenten con los conocimientos suficientes y puedan aplicar el COIP de manera apropiada. “Somos conscientes del papel fundamental que tiene la Defensoría Pública en el sistema de justicia. Nuestro trabajo es proveer una defensa técnica y de calidad, que garantice el derecho de las personas a un juicio justo”, sostuvo el Defensor Público General, Ernesto Pazmiño Granizo.

Quito, 18 de agosto de 2014
B238-2014

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