Defensoría Pública del Ecuador
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La Defensoría Pública, la Judicatura y la Fiscalía se unen para la aplicación de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

El Defensor Público General, Ernesto Pazmiño; el Fiscal General del Estado subrogante, Paúl Pérez; y el presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, Marcelo Merlo; explicaron, en una rueda de  presa, este 2 de julio, que trabajan conjuntamente en la implementación de un plan piloto para la aplicación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

En su intervención, Ernesto Pazmiño destacó que “luego de esta década de secuestro de la justicia, que los órganos del sistema judicial se reúnan, para planificar temas trascendentales, es importante para el país”, de ahí que, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, conjuntamente con el Consejo de la Judicatura “tenemos mucho que hacer para la implementación y la aplicación de la Ley contra la violencia a la mujer”.

Enfatizó que “hay que cambiar esa justicia de estadísticas –a la que nos acostumbraron estos diez años- por una justicia de defensa de derechos. Yo creo que la justicia debe dos hechos fundamentales al Ecuador: la lucha contra la corrupción que no fue efectiva y la defensa de los derechos de las personas; principalmente de los derechos de las mujeres violentadas, fruto de una sociedad patriarcal. Este es un tema emergente”, recalcó.

Ernesto Pazmiño recordó que, meses atrás, propuso que se declare en emergencia a la justicia por las preocupantes cifras sobre violencia de género, porque “lamentablemente se ha observado que existe una despreocupación absoluta en el sistema de justicia, para responder adecuadamente a este gravísimo problema”.
El Defensor Público General cuestionó “cómo podemos combatir la violencia de género con ese tipo de unidades que no tienen personal especializado en el tema” y afirmó que “la Constitución y la Ley obligan que, en los temas de: violencia de género, mujeres y adolescentes infractores, la justicia sea especializada”.

Puntualizó que el primer trabajo del Consejo de la Judicatura Transitorio, en coordinación con la Fiscalía y la Defensoría Pública, es la implementación de políticas y estrategias adecuadas que permitan respuestas de impacto, de ahí que dijo, saluda la primera reunión convocada por la Judicatura transitoria, porque “las políticas públicas se hacen escuchando a los actores, no en cuatro paredes”.

Señaló que la aplicación de la ley se inicia con la coordinación de las instituciones del sector justicia y con un plan piloto en Quito, que reportará información técnica adecuada, para establecer políticas nacionales y destacó que la Defensoría Pública tiene un protocolo para la actuación en casos de violencia contra la mujer que puede implementarse desde la Judicatura, para orientar a los jueces en cómo trabajar en este tema.

Citó como ejemplo casos que ha llevado la Institución, en los que recién a los seis meses se le toma el testimonio anticipado a una niña violada, “cuando debe ser una emergencia”, en la que todas las alarmas se enciendan y el sector justicia acuda inmediatamente en defensa de la persona violentada, ya que “en el modelo actual, la víctima tiene entre cinco horas y cuatro días de espera para ser atendida; eso es revictimizar a la niña violada, a la mujer violentada, es no considerar como una política prioritaria el tema de lucha contra la violencia de género. Esto es lo que tenemos que cambiar”, finalizó.

Mientras tanto, el Fiscal General del Estado (e), Paúl Pérez, felicitó la iniciativa de la Judicatura para implementar la aplicación de la Ley para prevenir y erradicación de violencia contra las mujeres y destacó la presencia del Defensor Público General, para trabajar mancomunadamente, en la elaboración de políticas a favor de las víctimas de violencia de género. El trabajo conjunto es el camino acertado para dar una respuesta efectiva, señaló.

Así mismo, el  presidente del Consejo de la Judicatura (e), Marcelo Merlo, manifestó la importancia de la reunión de los representantes del sector justicia, para coordinar acciones que permitan aplicar en forma óptima la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, debido a la gran carga procesal que existe por delitos de violencia de género.

De igual manera, la vocal de la Judicatura (e), responsable del área de género, Zobeida Araguindi, tras celebrar la presencia conjunta de la Fiscalía General del Estado y de la Defensoría Pública, dijo “tiempo atrás era imposible”, explicó que el plan piloto que se aplicará en Quito, iniciará con el levantamiento de información de los casos de violencia de género y seguirá con el plan de capacitación a los operadores de justicia sobre el contenido de la Ley vigente. Puntualizó que el objetivo es potenciar la especialidad y la infraestructura, para este tipo de infracciones que requieren de: prevención, sanción y reparación integral.

B248-2018
03-julio-2018

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