Defensoría Pública del Ecuador
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La Defensoría Pública y PAKTA se unen por la comunidad GLBTI

En el edificio matriz de la Defensoría Pública, el 4 de mayo, se firmó un convenio interinstitucional con la Fundación PAKTA, por la igualdad y equidad de género, y los derechos de las mujeres y de la población GLBTI.

Ernesto Pazmiño, Defensor Público General, ratificó la decisión política de la Institución por defender los derechos de los grupos de atención prioritaria. “Nuestra decisión es acompañarles en su lucha. La población GLBTI ha sido excluida por la sociedad y creemos que esta firma fortalecerá a ambas entidades”, dijo Pazmiño. Con igual énfasis destacó que uno de los objetivos del convenio es sensibilizar y capacitar a los defensores sobre la comunidad GLBTI y el litigio.

Las asesoras de la Defensoría Pública, María Eugenia Castro y Margarita Carranco fueron nexos vitales para que se concrete esta alianza. También estuvo presente Estrellita Estevez, activista de los derechos GLBTI y funcionaria de la Institución.

Ernesto Pazmiño no dejó de señalar que la Defensoría Pública trabaja con algunas organizaciones civiles en un proyecto de ley de protección de derechos para la comunidad GLBTI, que prevé ser un sistema de acompañamiento y protección para las personas sexualmente diversas.

Por su parte, Christian Paula Aguirre, presidente de PAKTA, comentó que la fundación está entregada a la lucha en el ámbito jurídico desde hace un año, sin embargo, su activismo “es de toda la vida”. Aguirre anotó la problemática que aqueja a la comunidad GLBTI en el Ecuador. Después de la despenalización de la homosexualidad en el país (1997), el panorama no ha cambiado. Según Aguirre, la violencia y la discriminación persisten. Muchas veces la discriminación surge de los operadores de justicia. “Algunos citan la Biblia para restringir nuestros derechos. Desde que se consolidó el delito de odio, me pregunto cuántos casos de personas GLBTI se han sentenciado”.

El convenio es una puerta para que la Defensoría Pública, como institución pública y autónoma, cumpla con su compromiso con las minorías y sirva como ejemplo de responsabilidad para el resto de entidades. “Queremos acciones no buenas intenciones. Que el Estado cumpla con lo que le corresponde: garantizar los derechos constitucionales”, expresó Aguirre.

El convenio tiene como objetivos establecer procedimientos adecuados para la realización, en común  acuerdo, de acciones que mejoren la calidad de la atención a las personas LGBTI que necesiten de los servicios de defensa pública. Desarrollar programas de formación especializada e integral dirigidos al personal de la Defensoría Pública a nivel nacional en el ámbito de trabajo relacionado a género y a las diversidades sexuales y de género. Así también, la Defensoría Pública y la Fundación PAKTA fortalecerán el  patrocinio de casos de discriminación y violencia a personas LGBTI. Y por último, las entidades se comprometen a cooperar en el desarrollo de programas de difusión y concienciación social en el ámbito de las políticas de género.



B174-2018
7-mayo-2018

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