Defensoría Pública del Ecuador
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Error inexcusable: el Defensor Público General propone pasar de herramienta de control a garantía ciudadana

“Se debe pasar de una herramienta de control a una garantía ciudadana. Quitarle al órgano administrativo la facultad de controlar a los jueces con el error inexcusable, para tener una justicia técnica, efectiva, eficaz”, manifestó Ernesto Pazmiño, Defensor Público General, el 14 de marzo en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional al comparecer a la audiencia general sobre la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). En ella se propone eliminar el error inexcusable como falta disciplinaria, mediante la cual el Consejo de la Judicatura sanciona a los jueces por sus decisiones jurisdiccionales. “No estoy en contra del error inexcusable, pues es indispensable para garantizar una justicia mucho más eficiente y técnica. Lo que cuestiono es que una decisión jurisdiccional sea causa de una falta administrativa”.
 
El Defensor Público General citó cifras del informe elaborado por la organización no gubernamental Human Rights Watch, dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos. Este organismo señaló que, sobre la base de datos del Consejo de la Judicatura y debido al error inexcusable, 308 jueces fueron destituidos. Consecuentemente, el error inexcusable ha servido para lesionar la independencia de la justicia. “Para que exista un juicio justo, el juez debe ser independiente, imparcial y tener libertad para emitir sus resoluciones sin temor ni represalias de poder alguno […] eso es lo que no ocurre cuando se le pone al error inexcusable como falta disciplinaria”. El Defensor también citó las mismas cifras presentadas por el Consejo de la Judicatura: en 2017 hubo 2031 denuncias y quejas por error inexcusable, número que es representativo y supone una amenaza respecto de los 2083 jueces en funciones. Manifestó, también, que el Consejo no informó nada respecto de los expedientes iniciados de oficio.
 
Recordó, además, que la Consulta Popular de 2011 resultó ser “la metida de mano a la justicia”, pues el control político a la justicia se hizo evidente: la disminución de los votos en el Consejo de la Judicatura para destituir jueces, la falta de especialidad de los vocales del Consejo de la Judicatura, cuya conformación puede incluir a profesionales de otras especialidades y no precisamente en jurisprudencia; y, la reserva de información para conocer el proceso por el que se destituyó a un juez. Al respecto, dijo que la Defensoría Pública solicitó al Consejo de la Judicatura la información de los jueces destituidos entre el 2013 y 2016, sin embargo, el pedido fue negado –por la Judicatura, argumentando que “ser confidencial y el proceso reservado”. Ernesto Pazmiño presentó un extracto del Enlace Ciudadano No. 271, del 12 de mayo de 2012, en el que el expresidente Rafael Correa, lee una lista de jueces a los que dijo se debería investigar por revocar la prisión preventiva. “En 15 días fueron destituidos”, afirmó.
 
En ese contexto, el Defensor Público General presentó, como alternativa, eliminar el error inexcusable como falta disciplinaria. La propuesta consiste en que sea el juez de alzada el que pueda declarar el error inexcusable y un tribunal especializado, conformado por tres presidentes de cortes provinciales por zonas, resuelva. Finalmente, de la resolución de ese tribunal solo podría interponerse la  acción extraordinaria de protección. “Así se dará dignidad al juez y se pondrá un equilibrio entre el poder punitivo del Estado y los derechos y garantías de los ciudadanos”, señaló.
 
Ante las inquietudes de los miembros de la Comisión de Justicia, Ernesto Pazmiño fue enfático al decir que con su propuesta de reforma al COFJ sobre el error inexcusable, no defiende a juez alguno sino a la independencia de la justicia, ya que “los magistrados llegan a esos cargos por concurso de merecimientos y no deberían salir porque una persona de otra función del Estado pida su destitución”, manifestó.

B104-2018
16-marzo-2018

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