Defensoría Pública del Ecuador
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Un sistema judicial más humano y menos estadístico demandó el Defensor Público General ante la Asamblea Nacional

Por alrededor de 30 minutos, el Defensor Público General, Ernesto Pazmiño, presentó este 11 de enero, ante la Asamblea Nacional, el informe de gestión de 2017, en el que señaló que en la Institución laboran 1127 funcionarios, el 75 por ciento es misional, es decir, defensores públicos, asistentes legales; y, el 25 ciento administrativo, con un presupuesto asignado de 36 millones 54 916 dólares, ejecutado en un 99 por ciento.
Durante el 2017, se atendieron 313 095 solicitudes de atención ciudadana a nivel nacional, entre ellas 147 mil en el área penal; 122 mil en la social; 46 226 asesorías; y 1407 mediaciones. El 52 por ciento de denuncias proviene de mujeres, el 48 por ciento de hombres.
Con estas cifras, el Defensor Público General dejó una alerta en la Asamblea Nacional por el alto porcentaje de mujeres que solicitan la defensa de derechos por casos de violencia intrafamiliar, abusos sexuales, físicos, sicológicos y alimentos “lo que demuestra que estamos viviendo una sociedad violenta, machista, patriarcal, que no se cambia con reformas legales, ya que es un problema cultural”.
Ernesto Pazmiño destacó que la Defensoría Pública cumplió, también, con la responsabilidad de plantear reformas legales a la Asamblea Nacional como el proyecto de reformas al  Código Orgánico Integral Penal (COIP), que ya lleva más de un año en el legislativo y que “en su contenido plantea poner límites al poder del Estado, que castiga ilimitadamente a las personas violentado sus derechos”.
“Según datos entregados por el Ministerio  de Justicia, la población carcelaria del país creció desproporcionadamente: de aproximadamente 10 000 privados de la libertad en el  2010 a  36 441 en el 2017,  provocando hacinamiento carcelario y convirtiendo al Ecuador en un país con alta tasa de detención”.
Esta realidad determina que “en algún momento usted y nosotros, todos, estaremos en la cárcel”, dijo el  Defensor Público General tras exhortar a los asambleístas a “frenar esta tragedia de llenar las cárceles” que es el resultado de un modelo  de gestión que creó en las unidades de flagrancias “máquinas de moler carne humana y de un sistema de evaluación y control disciplinario que destituye a jueces aplicando la figura de error inexcusable que debe ser eliminada”.
“Este régimen judicial tiene que cambiar porque implementa un sistema cruel e inhumano que sirve para las estadísticas en contraste con los derechos”, enfatizó el Defensor Público General. Entre las reformas al COIP señaló que propuso despenalizar el aborto en casos de violación, “porque suficiente tienen las mujeres con la violencia que viven a diario como para que el Estado las persiga y encarcele”. También planteó eliminar la criminalización de la protesta social por la que han sido detenidos estudiantes, trabajadores e indígenas acusados de terrorismo y sabotaje. Cuestionó que mientras la Constitución faculta el derecho a la protesta y a la resistencia, el COIP castiga a quien se expresa en las calles.
Ernesto Pazmiño afirmó que en el país existe una “justicia selectiva, en la que son menos vulnerables quienes están cerca al poder, mientras que son sujetos de persecución quienes están alejados de este, por eso es necesario el equilibrio punitivo del Estado con los derechos de las personas”.
Para combatir la corrupción, el Defensor Público General recordó a los asambleístas que en las reformas al COIP, presentadas en 2016, ya planteó eliminar el requisito del informe previo de la Contraloría para que la Fiscalía inicie la investigación de presuntos casos de corrupción y que este instrumento sería necesario para la acusación.
Ernesto Pazmiño defendió la decisión de pedir el archivo del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia presentado por el expresidente Rafael Correa, por ser patrimonialista, cargado de una fuerte dosis de misoginia, cuya aprobación se constituiría en un mecanismo de persecución de las mujeres y no resuelve la protección a los menores. No se toma en cuenta que más de un 90 por Ciento de las pensiones son menores de 300 dólares, se pretende que rindan cuentas sin entender que puede ser una forma de someterlas a más violencia, porque en la gran mayoría de los casos, son ellas las responsable del cuidado de los hijos. “Si el padre no cumple con la pensión hay acción civil, pero si la madre no le deja ver a los niños, hay cárcel. Inaudito e injusto”.  Además, informó a la Asamblea que no se puede hacer ninguna reforma sin consultar a los sujetos de derechos, es decir, a los niños, niñas y adolescentes.
Recordó  que ante la Comisión Especial AAMPETRA, conformada para investigar casos de abuso sexual en planteles educativos, planteó que se declare en emergencia el sistema educativo para definir políticas y protocolos, “para que el Estado deje de proteger a pedófilos y violadores”.
El Defensor Público General cree firmemente en que la ciudadanía debe pronunciarse libremente sobre los hechos que van a incidir en los destinos del país, por eso presentó un amicus curiae ante la Corte Constitucional en apoyo a la convocatoria a la consulta popular y recomendó dar paso a la propuesta planteada por el Presidente de la República.

B006-11-01-2018

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