Ernesto Pazmiño: “el Estado y la sociedad les hemos fallado a las víctimas de la violencia sexual”

“No más violadores en las aulas escolares y nunca más proteger, desde el Estado, a pedófilos y violadores”, sostuvo Ernesto Pazmiño, Defensor Público General, durante la firma del convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Educación, suscrito este 14 de diciembre, en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad Central del Ecuador.

El convenio tiene como objetivo garantizar la asistencia eficaz a los representantes legales de las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de algún tipo de abuso o violencia sexual; y permitirá establecer vínculos de cooperación que garanticen la asesoría y representación legal eficaz y oportuna de los estudiantes en el marco de estos delitos y con ello garantizar la no impunidad de estos hechos.

Ernesto Pazmiño lamentó que las noticias recurrentes en el país sean el incremento de femicidios, de violencia de género, de violencia intrafamiliar, de abuso sexual a niñas y niños en las escuelas. Al respecto dijo: “estos hechos no se solucionan con el aumento de las penas, sino con un cambio cultural, ya que vivimos en una sociedad patriarcal, machista y violenta”.

Recordó que hace más de seis años propuso coordinar acciones para frenar el abuso sexual en los planteles educativos, pero no fue escuchado sino hasta ahora que se logra firmar un convenio con la cartera de Educación. Se detectó que los sumarios administrativos que se iniciaban a los docentes investigados por violencia nunca llegaban a su fin porque no se cumplía con su derecho a la defensa: “el  80% prescribía por la falta de un abogado en las audiencias a las que debía acudir el profesor investigado. Ahora habrá un defensor público para que no se evada a la justicia y se lleven los casos con el debido proceso”.

Otro punto de alta relevancia del convenio con el Ministerio de Educación es la asesoría y patrocinio a las víctimas de la violencia sexual: “la Defensoría Pública asumirá su representación y trabajará con la Fiscalía para impulsar los procesos penales”.

La firma del documento se realizó en el marco del lanzamiento del “Protocolo de actuación frente a situaciones de embarazo, maternidad y paternidad de los estudiantes en el sistema educativos”, del Ministerio de Educación. Hace año y medio, recordó el Defensor Público General, presentó la propuesta de reforma al Código Integral Penal (COIP), para que se despenalice el aborto cuando el embarazo es producto de una violación; sin embargo, el proyecto no ha sido debatido. “La sociedad y el Estado les hemos fallado a las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual. No podemos parar la violencia en contra y ya es tiempo de que abordemos este debate con responsabilidad. La violencia sexual produce sufrimiento y no hacer nada o poco nos hace cómplices”.

Mientras tanto, el ministro de Educación, Fander Falconí, destacó la firma del convenio  con la Defensoría Pública que es el resultado de las reuniones de la “comisión de Estado” que creó el presidente, Lenín Moreno, para combatir el abuso y la violencia sexual en los planteles educativos, a través de cinco ejes: institucionalidad, restitución de derechos, prevención, sanción e información. “Para este tipo de delitos no habrá tolerancia y se combatirá con acción y cohesión social”.

B412-2017
14-diciembre-2017

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