Los plazos en los casos sobre violencia de género fatigan a las víctimas

Con la ponencia “Nudos en el Sistema de Justicia sobre casos de violencia de género hacia las mujeres”, el Defensor Público General, Ernesto Pazmiño, participó en el encuentro nacional  “Ley  contra la Violencia a la Mujer”, organizado por Nosotras por la Democracia, con el  apoyo de Friedrich-Ebert-Stiftung (FES-ILDIS) y la Defensoría Pública, desarrollado el 30 de noviembre y 1 de diciembre, en la Casa de Espiritualidad Nuestra Señora del Quinche, en Quito.

En el evento, al que asistieron aproximadamente 60 mujeres, líderes de organizaciones comunitarias urbanas y rurales, Ernesto Pazmiño señaló que la falta de especialización de los operadores de justicia en temas de violencia de género, violencia sexual a niñas, niños y adolescentes, sumado a la falta de expertos y peritos, son algunos de los nudos críticos que tiene la justicia del país. “Se requieren especialistas que valoren el entorno social de la víctima”, precisó.

“El mismo juez penal que conoce casos de estafa o de homicidios es el que aboca conocimiento de los casos de violencia de género y de violencia sexual, no hay jueces especializados “.

También afirmó  que los plazos no son razonables frente a la urgencia de la protección, este es otro nudo crítico. “No se agendan a tiempo las audiencias” y citó que “dos meses promedio pasan para el agendamiento del testimonio anticipado de la víctima, cuando este debe ser inmediato, ya que es clave para no revictimizar a la víctima”.

En la experiencia de la Defensoría Pública, cuatro meses promedio después del pedido se realiza la valoración sicológica; mientras que la investigación previa dura hasta dos años en casos de delito sexual y “en casos de violencia sicológica casi es imposible lograr una sentencia”. El Defensor General citó dos casos que lleva la institución en Quito. El primero fue el de una niña de 10 años violada por su vecino, un profesor universitario de 65 años, que ingresó al sistema de justicia como delito flagrante, en el que se dejó pasar el  plazo para la audiencia de flagrancia, el acusado salió en libertad y solo después de 14 meses se logró la sentencia, cuando un caso por flagrancia debía estar resuelto en mes y medio, explicó el Defensor Público General.

“La falta de cumplimiento de los plazos por los operadores de justicia deja como consecuencias el agotamiento de la víctima y el abandono del caso, lo que genera impunidad y la mujer no cree en el sistema judicial”, concluyó.

Ante las preguntas de las asistentes sobre cómo cambiar esta situación en el sistema de justicia, Ernesto Pazmiño señaló que el Consejo de la Judicatura debe impulsar una justicia especializada,  “con capacitación y concienciación a jueces, fiscales, abogados, para romper con esas conductas de una sociedad patriarcal”.
En cuanto al incumplimiento de los plazos en los procesos, sugirió que se presenten quejas por negligencia manifiesta, para que sean sancionados los operadores de justicia que se guardan los procesos.

Finalmente, el Defensor Público General puntualizó que las universidades formen primero buenos ciudadanos, con valores, para luego tener profesionales íntegros.
En la apertura del  evento, la representante de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Rocío Rosero, destacó la aprobación por parte de la Asamblea Nacional del proyecto  de Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres y que ahora el documento espera solo la aprobación del presidente de la República, Lenín Moreno.

Recordó  que desde el 2014 se inició el proceso para tener una ley y detalló que para este objetivo se desarrollaron 45 talleres, en tres años y se recogieron 27 mil firmas de respaldo al documento que fue entregado a la Comisión Ocasional para Erradicar la Violencia de Género de la Asamblea, el mismo que se sumó a la propuesta presentada por los asambleístas.

Detalló  que la ley tiene dos capítulos, el primero dedicado a objetivos, principios y sujetos de derechos, que crea un Consejo de Protección de Derechos; y, el segundo determina el conjunto de 16 instituciones, mecanismos, normas, protocolos que asume el Estado, como responsable de la protección de los derechos de las mujeres.

Rosero dijo que “es una buena ley a favor de las mujeres” y  exhortó a estar vigilantes de que “fuerzas oscurantistas del país quieran echar abajo la ley aprobada”.
En el en el encuentro nacional “Ley  contra la Violencia a la Mujer”, también participaron la dirigente feminista Dolores Padilla y la representante del Colectivo Feminista Nosotras por la Democracia, Margarita Carranco, quienes destacaron las acciones para la construcción de una ley que proteja a las mujeres de la violencia de género.

B391-2017
04-diciembre-2017

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