El Defensor Público General del Ecuador pide que se declare en emergencia al sistema educativo

En la Comisión Especializada Ocasional AAMPETRA, de la Asamblea Nacional, el Defensor Público General, Ernesto Pazmiño Granizo, propuso que el Gobierno Nacional declare en emergencia al sistema educativo para organizar una ruta de seguimiento de los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y, sobre todo, para construir una política pública que prevenga los delitos sexuales y garantice la seguridad de los escolares bajo tres programas fundamentales: un programa único del Estado para el acompañamiento, defensa, protección y reparación integral a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual; otro para crear un sistema de alerta temprana en todas las provincias y redes, y coordinación con actores públicos y privados para la remisión de casos; y finalmente un sistema de prevención de la violencia en planteles educativos, que permita, entre otras cosas, la visita de terceros ajenos a las escuelas y colegios para fortalecer el cuidado de los menores.

La sesión de este martes comenzó con los conmovedores testimonios de la madre y del abogado de una adolescente acosada sexualmente por su profesor, en un colegio particular de Quito. En el caso llamado Emanuel hay sentencia contra el acusado, pero la familia no comprende cómo una persona que no cumple ninguno de los requisitos goza de arresto domiciliario, además, hasta la fecha está esperando que el colegio haga una disculpa pública por el daño causado a la menor, quien cuando empezó el acoso, apenas tenía doce años.

Luego intervino, el Defensor General y empezó su exposición señalando el tema de fondo: “la violencia sexual es estructural y sistemática, responde a un sistema patriarcal y violento, que pone en evidencia la incompetencia del Estado y la indiferencia de la sociedad”. En materia de justicia, Ernesto Pazmiño explicó las necesidades del sistema que inciden en la limitada respuesta a las víctimas y a sus familias, y en el abandono de las causas por agotamiento: “no hay suficientes operadores de justicia ni peritos especializados en delitos sexuales contra la niñez y adolescencia”. El sistema judicial es carente de equipos técnicos (médicos, sicólogos, investigadores…) expertos en el manejo de la prueba, la cadena de custodia y la escena del crimen, tres puntos claves para llegar a los responsables de los delitos y sancionarlos.

Otra de las propuestas del Defensor Público General del Ecuador fue constitucionalizar el Código de la Niñez y Adolescencia, que vela por la protección y prevención de toda forma de violencia. “La Constitución rige desde 2008, no obstante, la preocupación de reformar el Código tiene que ver, en esencia, con las pensiones de alimentos para presionar a las madres y no con desarrollar normativa que proteja a los menores en todos los ámbitos”.

La asambleísta Silvia Salgado, presidenta de la Comisión, destacó la participación de la Defensoría Pública como una institución que garantiza el acceso a la justicia y que cuenta con una unidad de atención a víctimas de violencia de género. En los próximos días, remitirá a la Defensoría los casos de delitos sexuales que ha conocido la Comisión y que requieren de un abogado patrocinador. La asambleísta Salgado también acogió favorablemente las propuestas del Defensor Público y comentó que la emergencia no solo debe ser al sistema educativo sino que el presidente Moreno debe declarar una emergencia nacional para definir políticas urgentes y efectivas que protejan a los escolares y sancione estos delitos.

B331-3017
24-octubre-2017

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