Quito: sede del Foro Internacional “Pueblos Indígenas y la Defensa Pública en América Latina”

Con un lleno total del paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), la Defensoría Pública del Ecuador lideró, entre el 28 y 29 de septiembre, el Foro Internacional “Pueblos Indígenas y la Defensa Pública en América Latina”, en el que participaron representantes de ocho países: Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Guatemala, México y el anfitrión Ecuador, más el apoyo de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB); el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC); y la Universidad Indígena Intercultural.

El acto de apertura estuvo presidido por el  Defensor Público General del Ecuador, Ernesto Pazmiño, el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, Jaime Breilh, los presidentes saliente y entrante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador(CONAIE) Jorge Herrera y Jaime Vargas, respectivamente.

El máximo representante de la Defensoría Pública, tras dar la bienvenida al evento destacó, que la finalidad de este encuentro fue diseñar los caminos más adecuados para construir un Estado Plurinacional en el Ecuador y afirmó que si bien hay que cuestionar al sistema dominante, es necesario también hacer una autocrítica de lo que falta hacer para la construcción de un Estado Plurinacional. “Esperemos ver algún día, verdaderamente, el Sumak Kawsay, que en la Constitución está reducido solo como el “buen vivir”,  cuando es todo un modelo de existencia, un modelo de convivencia pacífica, equilibrada y con uno de los ejes fundamentales como es contar con un sistema de derecho propio”, destacó Pazmiño.

El presidente saliente de la CONAIE, Jorge Herrera, subrayó el trabajo conjunto que ha desarrollado con la Defensoría Pública, agradeció el apoyo y presentó al nuevo líder de la organización indígena, Jaime Vargas, quien se comprometió a seguir fortaleciendo las relaciones en la construcción de un Estado Plurinacional e invitó a la posesión del nuevo gobierno de los pueblos indígenas, el próximo 12 de octubre.

El  rector de la UASB, Jaime Breilh, expresó  su  congratulación de que se haya escogido esta casona universitaria como la sede de un encuentro de ratificación intercultural dentro de un proyecto académico. “Esta es una universidad crítica, pensante, independiente y que camina junto con su pueblo”, acotó, en el acto inaugural.

Las primeras conferencias estuvieron a cargo del Defensor Público General, Ernesto Pazmiño y de la dirigente indígena y exmagistrada de la Corte Constitucional, Nina Pacari.

Ernesto Pazmiño, Defensor Público General presentó, durante 30 minutos, su  ponencia “Pueblos Indígenas, Defensa Pública y Pluralismo Jurídico”, destacando que la Plurinacionalidad y la Interculturalidad se encuentran consagrados en la Constitución vigente, que otorga derechos al pueblo indígena.

La Interculturalidad le obliga al Estado  a una transformación profunda, como la creación de un sistema de justicia para el pueblo indígena y al hablar de pluralismo ya no solo el  Estado es generador de derechos,  sino también los pueblos y las nacionalidades, manifestó. Las autoridades de las comunidades, pueblos y  nacionalidades ejercen funciones jurisdiccionales en su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, conforme la Constitución, por lo  tanto, no hay límite para ejercer justicia ni pedir permiso a nadie, explicó.

El objetivo político-estratégico fundamental de los pueblos, de las nacionalidades debe ser la conformación de circunscripciones territoriales indígenas, para la construcción del Estado Plurinacional, para ejercer en las comunidades un sistema de justicia propio, donde el Estado se obligue a entregar un presupuesto, sugirió. Aclaró que conforme dispone el Código Orgánico de la Función Judicial, para la justicia indígena el Consejo de la Judicatura no cuenta con atribuciones, es decir le entrega autonomía absoluta. Únicamente está obligado a promover la justicia intercultural. Recomendó quitar nudos que obstaculizan aplicar la justicia indígena, entre estos, quitar la concentración de poder al Estado en la administración de justicia, ejercer el derecho como instrumento de lucha política para democratizar el poder, exigir que el Estado aplique el proceso de pluralidad. Para lograr el camino hacia un Estado Plurinacional, Ernesto Pazmiño recomendó: emprender desde las comunidades nuevos proceso de lucha que impulsen los procesos de participación, exigir cuotas de representación indígena, fortalecer las organizaciones que generen diálogo en condiciones de igualdad, promover que las instituciones tengan un enfoque de interculturalidad, como impulsa la Defensoría Pública, afirmó.

Para avanzar con la justicia indígena  señaló  que los operadores de justicia deben entender las realidades culturales, acuerdos mínimos básicos de cooperación entre la justicia ordinaria y la indígena, ejercer la jurisdicción en las comunidades, pueblos y nacionalidades, generar la formación intercultural de jueces, fiscales, operadores de justicia, definir competencias de conflicto social interno y recordar que el Estado tiene la responsabilidad de financiar la creación de la justicia indígena, pero que hasta el momento no lo ha hecho. No hay Sumak Kawsay sin un sistema de justicia propio, finalizó el Defensor Público General, Ernesto Pazmiño.

Consecutivamente, intervino la dirigente indígena y exmagistrada, Nina Pacari, con la ponencia “Pueblos Indígenas y Pluralismo Jurídico”, en donde defendió el derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de aplicar su justicia. Señaló  que la justicia indígena no se fundamente en encarcelar a los supuestos infractores, sino de reformarlos con castigos comunitarios e incluso de reparación, tras un debido proceso de autoridad comunitaria competente. Pacari afirmó que las sentencias de la justicia indígena son fallos legales que deben ser respetadas por la justicia ordinaria. No se puede juzgar nuevamente a alguien que haya sido sentenciado a través de la aplicación de la justicia indígena insistió.

Más tarde, el debate giró en torno a las experiencias de las defensorías públicas en patrocinios, defensas judiciales, implementación de políticas públicas y jurisprudencia relevante en casos de pueblos indígenas. En este tema intervinieron Ramiro Ávila, docente de la maestría en Derecho Penal de UASB; Rodrigo Lillo, defensor público chileno y Luis Ávila, asesor de la Defensoría Pública. Se mencionaron los casos ecuatorianos La Cocha y el caso Waorani.

Ramiro Ávila y Luis Ávila señalaron el racismo como un factor latente en la realidad ecuatoriana. “Estamos condenados a que los apellidos indígenas desaparezcan porque no dan prestigio. Es decir, a la pérdida de la identidad indígena”, comentó Luis Ávila.

Rodrigo Lillo compartió una breve explicación de la Defensoría Penal Pública de Chile respecto a derechos indígenas; en 2001 se instaló la Defensoría Penal Mapuche, dato relevante en un país donde el 10% de la población es indígena. Lillo centró su ponencia y experiencias en la lucha que late en su país desde 1993, por los derechos de estas personas. 

La segunda jornada de este Foro Internacional empezó con la intervención del líder indígena ecuatoriano, Luis Macas, quien dijo que “los derechos están encaminados a la constitución de un Estado distinto y plural, donde hay participación de la diversidad”.

En medio de su ponencia se preguntó “¿hasta qué punto el poder político hegemónico permite el ejercicio de los derechos?”. Además, subrayó que para los pueblos indígenas la constitución del Estado plurinacional es el reconocimiento de entidades económicas, políticas y culturales por parte de la sociedad. “No tenemos como objetivo fraccionar el Estado. Hablamos de su reconstrucción sin renunciar a él”, aclaró. 

La última mesa, moderada por Alicia Contero, coordinadora Nacional de Gestión de la Defensa Pública, estuvo dedicada a las bases epistémicas para la construcción intercultural de las defensorías públicas. Para Ángela Morales, defensora pública chilena, es fundamental el rol de los facilitadores interculturales. La jurista acotó que en su país, la materia de defensa a pueblos indígenas es mínima en la malla curricular.

Juliana Torres, defensora indígena del estado de Hidalgo México, comentó que en su país no existe la defensa especializada para los indígenas; mientras, la abogada guatemalteca, Lucía Xíloj,  comentó que en su país se necesita entender la cultura como “un complejo de rasgos distintivos, que incluya lenguas, literatura, música y vestimenta”.

Como especialista en derecho indígena, Henry Carhuatocto, de Perú, reconoció el papel de la defensa pública en Ecuador y en Chile. “Queremos lo mismo en Perú”, expresó. El especialista indicó que uno de los problemas principales que enfrenta la región es que la mayoría de países se niega a reconocer a los pueblos y nacionalidades en su totalidad. 

Para clausurar este evento, la Defensoría Pública compartió una declaración conjunta con enfoque de pluralismo jurídico e identificación de acuerdos de coordinación regional. El documento fue firmado por el Defensor Pública General, Ernesto Pazmiño y por los líderes y representantes de pueblos y nacionalidades participantes. El compromiso es mantener este tipo de espacios para el debate internacional y dejar como antecedente lo discutido en el evento.

Ponencias y galería fotográfica

B299-2017
02-octubre-2017

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