Defensoría Pública del Ecuador

Inés demanda el pago de su sueldo con el respaldo de la Defensoría

Inés tiene 41 años. Nació en Quevedo y vive en Quito desde hace 15 años. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Central del Ecuador. Es madre soltera de Carlos Jossué de 18 años y de Liz Johanna de ocho. Durante tres años trabajó para un laboratorio farmacéutico en la Ofelia. Inés era vendedora, cobradora y visitadora médica. Su jornada empezaba a las ocho de la mañana y terminaba a las siete de la noche. Cada día, recorría el país visitando al menos a 14 clientes y a tres médicos con un sueldo de 450 dólares mensuales del que se descontaba su afiliación al IESS. El labial está intacto, pero su rostro luce cansado. Hoy vive una travesía por la búsqueda del respeto a sus derechos como mujer y como trabajadora.

Viste una camisa floreada y un chaleco abrigado, quizá, extraña el calor de su natal provincia Los Ríos. Lleva una carpeta gastada donde guarda su documentación: copias y documentos originales que dan fe de lo ocurrido. Revisa los papeles con dificultad porque olvidó sus lentes, pero es lo de menos porque está convencida de que lleva consigo la verdad: “Tengo las pruebas de la agresión porque ese mismo momento me fui a la fiscalía. Tengo todos los exámenes”.

Han pasado casi nueve meses, a Inés todavía se le quiebra la voz cuando recuerda la nevera que le quitaron por no pagar el arriendo de su casa y de las tres facturas que prestó a su jefe. “Mis amigos me dijeron: anda, denúncialos, sígueles hasta las últimas consecuencias”. Como madre soltera y mujer independiente, sabe cómo enfrentar la vida con valentía y, como le dicen sus amigos, esta vez irá hasta las últimas consecuencias.

“Yo estaba trabajando y mi jefe siempre se demoraba en pagarme. Tenía que pagarnos hasta el cinco, como dice la ley, pero nos pagaba el 15 o el 20”.  Inés rentaba una casa y por sus condiciones laborales se demoraba en los pagos.  Los propietarios no dudaron en decirle que pronto le cobrarían intereses. 

La pesadilla empezó cuando su jefe le pidió, a ella y a sus diez compañeros, que saquen facturas para pagarles comisiones.  Inés entregó tres: “Me metieron en unos tremendos problemas, que yo denuncié en el SRI.  Una por 10 500 dólares, otras por 9000, en total, yo debía pagar como 2000 dólares de impuestos sin haber ocupado nada”. Nunca quiso causar problemas en el trabajo,  pero tampoco quería pagar impuestos del dinero que jamás recibió.  Por esto su jefe se molestó.

Describe al agresor como una persona joven: “Tiene unos 38 años, según él es ingeniero y encima más, se llena la boca diciendo que es cristiano”. La indignación es evidente; ahora intenta entender cómo es que su empleador tiene (o tuvo) tantas influencias y artimañas para engañar a un grupo de trabajadores: “en todas las investigaciones que yo comencé hacer vi que este tipo nos ha tenido a nosotros como artesanos para no pagarnos utilidades. Y todas las utilidades se las estaba cogiendo y a nosotros no nos daba nada”.

El 14 de junio de 2016, Inés dejó el empleo y días después su jefe la llamó, supuestamente, para que cobrara el sueldo de mayo y la quincena de junio.  “Me encerró y me dijo, Inesita, ¿cómo le va? Bueno aquí está su cheque, pero este cheque me pertenece a mí, así que fírmeme que el cheque se queda conmigo”. Ella respondió que estaba allí para cobrar por sus horas de trabajo, pero “él se levantó, corrió a la puerta, puso seguro y me abrió la mano con el esfero con el que quería que firmara. Me botó al piso… No solamente me lastimó físicamente, también me agredió verbalmente”. 

Le cuesta repetir lo que le dijo: “que era una maldita, que era una desgraciada… Eran palabras horribles.  Incluso él, en la contrademanda del juez, dijo que yo soy una mujer enferma, que soy sicópata, que no me crean lo que dije”.

Antes de llegar a la Defensoría Pública, Inés recurrió a seis abogados; todos “vendidos”, afirma. Gastó cerca de 300 dólares y ninguno supo ayudarle.  Recuerda que su jefe le dijo que “prefería pagar abogados antes que a ella”. La mayoría de sus compañeros han pasado por situaciones parecidas, pero no quieren hacer la denuncia. Cuenta el caso de uno de ellos: “Un chico afroecuatoriano fue encerrado en la bodega. Mi jefe quería que le firmara la renuncia; le amenazó con meterse con su familia. El chico tuvo que firmar”.

Para Violeta Sánchez, defensora pública del Área Laboral, este caso va más allá de lo legal: “es un tema de abuso de poder: el empleador frente a una ciudadana que le exige el pago de su sueldo”. La defensora empezó el proceso para que la justicia proteja los derechos laborales de Inés, pues no se trata de un caso aislado, solo en 2016, la Defensoría Pública atendió más de 5600 solicitudes ciudadanas de mujeres en el área laboral. Los temas más solicitados fueron liquidaciones, despidos intempestivos, derechos adquiridos (laborales) y vistos buenos.

La Defensoría Pública representa la última esperanza que tiene Inés para solucionar su situación. “El hecho de tener un juicio determina que algo tiene que pasar. En cualquiera de las circunstancias”, afirma la defensora Sánchez. 

Inés se acomoda la cartera y se aferra a su carpeta gastada. Sale de las oficinas de la Defensoría con la esperanza de que esta vez conseguirá que sus derechos se respeten. “Yo creo que en esta ocasión tengo una oportunidad de que mis derechos se cumplan, nada más”.
Como miles de mujeres ecuatorianas Inés ha transformado la indignación, la tristeza y la decepción de los últimos meses en fortaleza.

B040-2017
08-marzo-2017

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