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Defensoría Pública del Ecuador

Reseña histórica

La Defensoría Pública llega para equilibrar el sistema de justicia

El 2007 fue un año crucial para la justicia ecuatoriana: por primera vez en la historia del Ecuador se dieron todas las condiciones para que el derecho a la defensa sea una garantía cumplida por el Estado. El 17 de agosto de ese año, el Gobierno del presidente Rafael Correa creó la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal con el objeto de ejecutar las políticas y acciones para organizar, implementar y dirigir las actividades de defensa pública de los detenidos en los centros de rehabilitación social en el país. Sus funciones estaban delimitadas al área penal y tuvo entre sus objetivos y, mayores logros, que el Ecuador no tuviera más personas detenidas sin sentencia.

A la fecha en que la Unidad empezó a operar, la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, según estadísticas proporcionadas por el Consejo de la Judicatura, reportaba más de 18.000 personas privadas de la libertad a nivel nacional, de las cuales el 69 % no tenía sentencia y el 60 %, de ese mismo total, no tenía abogado. 

En mayo del 2008, la Unidad realizó un censo penitenciario que le permitió conocer la situación real de las personas que se encontraban recluidas en los 33 centros de detención del país. El censo estableció que existían 13.532 privados de libertad, de los cuales el 47 %, es decir 6.390, no tenían abogado defensor, y el 45 %, 6.039, no tenían sentencia. 

En ese contexto, el cumplimiento de la garantía del derecho a la defensa era un trámite más del proceso: la Función Judicial contaba con 31 defensores de oficio, quienes básicamente cumplían con formalidades judiciales para darle legalidad a los procesos penales que se seguían en contra de ciudadanos(as) detenidos(as), pero que en la práctica consistía en una acción que no significaba una verdadera defensa para garantizar los derechos del procesado.

La investigación de la Unidad evidenció la necesidad de cumplir con las garantías constitucionales y con los tratados y convenios internacionales de derechos humanos a los que el Ecuador está suscrito. Esta urgencia coincidió con la entrada en vigencia de la nueva Constitución (20 de octubre de 2008) que estableció la creación de la Defensoría Pública como un órgano autónomo de la Función Judicial. El mandato: garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que por su estado de indefensión o por su condición económica, social o cultural no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos (artículo 191). Este hecho se convirtió en un hito histórico para el país, pues la Defensoría Pública nació como una institución con rango constitucional equilibrando las fuerzas en el sistema de justicia. 

No obstante, por mandato de la propia Constitución, había que esperar dos años a partir de su vigencia para que terminara de constituirse la Defensoría Pública. Además, en el primer trimestre de 2009 entró en vigencia el Código Orgánico de la Función Judicial que terminó de consolidar a la Defensoría Pública como institución autónoma del sistema de justicia en condiciones similares a la de la Fiscalía General del Estado.

Mientras tanto, la Unidad Transitoria  debía resolver la situación de las miles de personas que estaban detenidas sin sentencia en las cárceles del país. Al 31 de agosto de 2009, el número de presos sin sentencia fue de tan solo un dígito (7 %), y un mes después, en septiembre, llegó a cero como resultado del modelo de gestión por procesos en patrocinio penal que recibió un premio continental a la Buenas Prácticas de Gestión, en el marco del VII Congreso de Gestión Judicial, organizado por el Centro de Justicia de las Américas y el Consejo Nacional de Justicia de Brasil. Ecuador, por primera vez en su historia, estaba entre los pocos países del mundo con cero presos sin sentencia y cumplía a cabalidad con el mandato constitucional y con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

La Defensoría Pública, como órgano autónomo de la Función Judicial, nació a la vida jurídica a partir del 20 de octubre de 2010, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de la República, priorizando la defensa pública en materia penal, niñez y adolescencia, laboral y otras materias de acuerdo a los recursos económicos que se le asignen.

Sin embargo, la institución empezó a funcionar en el marco de un período de transición mientras el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nombraba, mediante  concurso público de oposición y méritos, a la primera autoridad de la Defensoría Pública.

 

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