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Defensoría Pública del Ecuador

La Defensoría Pública

La Defensoría Pública del Ecuador es un organismo autónomo que forma parte de la Función Judicial, cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos.

La Defensoría Pública orienta, informa y asesora a la ciudadanía acerca de los recursos legales a los cuales pueden recurrir en su beneficio, además permanentemente observa los procedimientos y prácticas que aseguran la calidad, eficacia, eficiencia, ética, oportunidad y gratuidad de su servicio, siempre privilegiando los intereses de la persona defendida.

  • Misión

    Defender gratuitamente a las personas en condiciones económica, social y cultural de vulnerabilidad o en estado de indefensión, garantizando su acceso a la justicia, a un juicio justo y el respeto a los derechos humanos.

  • Visión

    Somos una institución que fortalece el ejercicio de los derechos, exige el cumplimiento de las garantías del debido proceso y promueve una cultura de paz.

  • Ejes Estratégicos

    FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: La Defensoría Pública es una institución relativamente nueva, por lo tanto una de sus prioridades es generar las suficientes capacidades institucionales (talento humano, infraestructura física y tecnológica, en términos de cobertura, calidad y calidez), para responder adecuadamente a la demanda de servicios de defensa.

    SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA: La Defensoría Pública tiene la competencia de acreditar a los consultorios jurídicos de las universidades con quienes se propone establecer alianzas estratégicas que permitan ampliar la cobertura de servicios defensoriales. El Sistema Nacional de Defensa Pública está conformado por consultorios jurídicos gratuitos de universidades, ONG´s, entre otras instituciones.

    COMUNICACIÓN CORPORATIVA: la Defensoría Pública pone énfasis en una comunicación con enfoques de género, interculturalidad e intergeneracional basada en los principios constitucionales y legales de equidad, justicia, transparencia, publicidad, rendición de cuentas, control social, gratuidad y apertura institucional hacia la ciudadanía. Esta comunicación establece las formas de relacionamiento de la Defensoría Pública con sus diferentes públicos: usuarios(as) del servicio, entidades de gobierno (nacional y local), organismos internacionales, medios de comunicación, funcionarios(as) de la institución y la sociedad en general.

    CULTURA DE PAZ: La Defensoría Pública busca reducir el nivel de judicialización de casos a través de la solución alternativa de conflictos, lo que contribuiría a descongestionar el sistema judicial y permitiría un diálogo constructivo capaz de garantizar y restituir derechos a la ciudadanía.

    COORDINACIÓN CON EL SECTOR JUSTICIA: Como parte del sistema de justicia, la Defensoría Pública necesita coordinar sus acciones con los otros entes del sistema para ofrecer un servicio oportuno a la ciudadanía, evitar duplicación de esfuerzos y compartir información, tecnologías, procesos y recursos.

  • Valores

    • Ética
    • Transparencia
    • Equidad
    • Excelencia en el servicio
    • Disposición al cambio
    • Trabajo en equipo

  • Funciones de la Defensoría Pública

    De acuerdo con la Constitución y la ley, la Defensoría Pública del Ecuador deberá cumplir los siguientes mandatos y objetivos específicos:

    • Ejercer la rectoría del servicio de defensa pública en la República del Ecuador.
    • Implementar un sistema nacional de defensoría pública, que preste servicios gratuitos de patrocinio legal y de resolución temprana de conflictos, con cobertura nacional en todas las materias, incorporando la participación de otras organizaciones sociales y niveles de gobierno.
    • Dirigir, organizar e implementar el servicio de defensa pública, con prioridad en los ámbitos penal, niñez, adolescencia y laboral.
    • Ofrecer a la ciudadanía un servicio de defensa jurídica gratuita, técnica y oportuna, a fin de obtener resoluciones judiciales oportunas conforme a Derecho, promoviendo el respeto a las reglas del debido proceso.
    • Procesar y entregar de modo gratuito y oportuno, los servicios de orientación, asesoría legal, asistencia y representación judicial, a las personas que no puedan contar con ellos en razón de su situación económica o social.
    • Fomentar e implementar un servicio de defensoría pública orientada a la resolución temprana de conflictos, la mediación y conciliación social.
    • Lograr la implementación de un sistema de servicios de asistencia legal y de mediación gratuitos, donde se necesiten y en las materias que se necesiten.
    • Garantizar el derecho a una defensa de calidad, integral, ininterrumpida, técnica y competente.
    • Garantizar la defensa pública especializada para las mujeres, niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia, nacionalidades, pueblos, comunidades y comunas indígenas.
    • Gestionar, inmediatamente, los casos de indefensión de los grupos de atención prioritaria.
    • Divulgar, promocionar y entregar los servicios de defensa pública gratuita a las personas en indefensión, a fin de asegurar su oportuno acceso a la justicia.
    • Ejecutar los procesos de acreditación y evaluación de los servicios de defensa pública, cuando éstos se deleguen a otras personas jurídicas, ciñéndose a parámetros técnicos y de calidad.
    • Desarrollar e implementar un sistema integral de seguimiento y evaluación objetiva del desempeño de los defensores públicos y funcionarios de la institución, mediante indicadores de gestión, estándares de calidad, productividad y competencias profesionales.
    • Proponer políticas públicas que le permitan al Estado implementar una estructura técnica, eficiente e institucionalizada de defensa pública, que coadyuve a la consolidación del Estado Constitucional de Derechos y Justicia.
    • Presentar periódicamente informes de avance y rendición de cuentas del servicio de defensa pública; y,
    • Los demás objetivos establecidos en la Constitución y en la ley.

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