Dr. Ernesto Pazmiño Granizo

Ernesto Pazmiño Granizo es el primer Defensor Público General del Ecuador. Fue posesionado el 8 de mayo de 2012 ante la Asamblea Nacional, luego de que el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) lo designara, por unanimidad y tras un concurso público de oposición y merecimientos con veeduría ciudadana, para un período de seis años.

Ernesto Pazmiño Granizo es doctor en Jurisprudencia, abogado de los Tribunales de la República y magíster en Derecho (mención Derecho Constitucional). Ha sido docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar; Diputado principal del Congreso Nacional del Ecuador (2003-2007) por la provincia de Bolívar, con más de 30 proyectos de ley presentados; Presidente de la Comisión de Gestión Pública y Seguridad Social; Miembro del Parlamento Latinoamericano; Viceministro y Ministro (e) de Bienestar Social (2001-2002); Consultor del Banco Mundial para el Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (Prodepine, 1999-2001).

Es el gestor de la Defensoría Pública en el país. Desde 2004, como diputado nacional, impulsó la aprobación de la Ley de Defensa Pública, no obstante, ante la falta de recursos del Estado ecuatoriano no fue posible su implementación.

Fruto de su amplio conocimiento del derecho penal y de su compromiso inquebrantable de la defensa de los derechos humanos, fue designado Director de la Unidad Transitoria de Gestión de la Defensa Pública del Ecuador, mediante  decreto ejecutivo No. 564 del 17 de agosto del 2007, suscrito por el  Presidente Constitucional de la República. Esta designación permitió edificar las bases para que en la Asamblea Constituyente se incorporé la institución de la Defensoría Pública del Ecuador como un organismo autónomo de la Función Judicial,  encargada de brindar patrocinio jurídico a las personas en estado de indefensión.

Así, en el  2008, la Asamblea Constituyente integró a la Defensoría Pública al sistema de nacional de justicia, como un órgano autónomo de la Función Judicial que entró en funciones a partir del 20 de octubre de 2010. Desde entonces, Ecuador es el único país de América Latina que cuenta con una institución de defensa a nivel constitucional, que patrocina y asesora de manera gratuita y, en todas las materias, a las personas que por su condición económica, social o cultural no pueden acceder a los servicios de un abogado privado.

Dentro de su trayectoria como Defensor Público, fue designado Vicepresidente del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), durante la reunión del Consejo Directivo del organismo creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA.  En esa ocasión asumió su compromiso de impulsar el proceso de reformas no penales en Ecuador y América Latina, para acercar la justicia a la ciudadanía, especialmente a los sectores más vulnerables.

En junio de 2014,  en la toma de posesión de los nuevos cargos del Comité Ejecutivo de la Asociación Interamericana de Defensorías  Públicas, el Defensor Público General del Ecuador fue designado coordinador para América del Sur.

Entre sus principales obras constan: Desafíos y Perspectivas para la Defensoría Pública Penal en el Ecuador, en el libro La Transformación de la Justicia, de la Serie Justicia y Derechos Humanos, publicado por el Ministerio de Justicia de Ecuador; Los Derechos Humanos en el Sistema de Rehabilitación Social del Ecuador; Las 100 Reglas de Brasilia, Derechos humanos y acceso a la justicia para personas y grupos de atención prioritaria; y, Defensa Penal Pública y Litigación Oral. Además, tiene una serie de artículos publicados en la revista Defensa y Justicia, de la Defensoría Pública del Ecuador.

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