José Escaleras no renunció al pago de su jubilación

José Escaleras Sánchez es un lojano que llegó a Quito a los 22 años, soltero y en busca de mejor suerte. Sus primeros trabajos fueron como posillero y mensajero, no lograba estabilidad laboral y eso le tenía a mal andar.

Ya casado y con una familia por atender, José logró un lugar en una empresa textil en donde tuvo que hacer de todo: mensajero, vendedor, bodeguero… tareas que cumplió con empeño durante los 27 años que duró su relación laboral.

Su mirada brilla cuando cuenta que fruto de su trabajo y con el pago de las utilidades, en esa época en sucres, compró un terreno en el barrio Colinas del Norte, en Quito, donde ahora tiene su casa y montó un negocio que le permitiera completar sus ingresos para atender a sus cuatro hijos: dos de ellos ahora son profesionales, uno es auditor y el otro, laboratorista;  y, dos son aún adolescentes de 16 y 15 años que están bajo su responsabilidad.

Emocionado y orgulloso dice que todo lo que ahora tiene es por el apoyo de su esposa, también lojana, con la que está casado cerca de 30 años y a quien conoció en Quito.

La decisión de dejar la empresa, a la que entregó sus mejores años, también fue apoyada por su familia. Es por eso que en marzo de 2014 presentó el desahucio a su empleador, que le pagó sin inconvenientes su liquidación.

Ya con 60 años de edad y luego de haber aportado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por 27 años consecutivos, también hizo efectivo su derecho a la jubilación; sin embargo, tuvo una gran decepción: la empresa se negó a reconocerle una pensión patronal justa. “Me ofrecían pagar 30 dólares mensuales y tenían todo listo para que firmara los documentos, pero justo la tarde que asistí a la empresa, se fue el sistema y no firme nada”, recuerda José. Su siguiente acto fue acudir al Ministerio de Trabajo para que le orienten: allí le explicaron que por los años de servicio la empresa debía pagarle 88.89 dólares mensuales.

Con la documentación del Ministerio de Trabajo acudió a su antiguo trabajo, pero tuvo una respuesta negativa bajo un criterio insólito: si le reconocían ese derecho, se verían forzados a aplicar el mismo principio a sus compañeros y para persuadirlo, le “advirtieron” que si iba a un juicio laboral, con seguridad, perdería.

Sin embargo, José no se amedrentó y con la misma viada volvió al Ministerio de Trabajo. En una audiencia de mediación, José le propuso a la empresa que le reconociera la mitad del monto que había calculado el Ministerio, pero la empresa se negó y fueron a juicio; para entonces ya habían pasado ocho meses de trámites y papeles.

El 25 de noviembre de 2014, desanimado y con poca esperanza, José se presentó en la Defensoría Pública para pedir un abogado. Los defensores del área Laboral, Giovanna Pazmiño y José Verdezoto, asumieron el caso y también intentaron llegar a un acuerdo, pero la negativa de la empresa se mantuvo y el juicio empezó. El defensor Verdezoto, quien patrocinó el caso en una primera fase, presentó la demanda en la Unidad Laboral Primera de Quito pidiendo una indemnización laboral. El proceso fue extenso debido a que la empresa porfiaba en no reconocer el pago de los 88.89 dólares mensuales como pensión patronal, incluso, contrató a un perito matemático, que en las audiencias alegó que el Ministerio de Trabajo había realizado mal el cálculo. Dos años duró el proceso, entre la audiencia preliminar y la audiencia de estrados, pasando por apelaciones, aclaraciones, ampliaciones y la casación de la sentencia, instancias que siempre favorecieron a José.

Finalmente, el 21 de noviembre de 2016, con el patrocinio de la defensora Giovanna Pazmiño, el juzgado dictó la sentencia y ordenó a la empresa pagar todo lo adeudado a José, incluidos los intereses. No obstante, la empresa no acogió la decisión judicial y no hubo otra opción que pedirle al juez que ejecutara la sentencia a través del embargo de bienes o valores. Esa fue la única forma de presionar a la compañía para que cumpliera con la ley. “Tuvimos muchas audiencias y el trabajo de la Defensoría Pública ha sido muy bueno. No tengo palabras para agradecer todo lo que han hecho por mí”, expresa José.

El 3 de mayo de 2017, es decir, a los dos años nueve meses de haber dejado de laborar, José Escaleras recibió el dinero acumulado de su jubilación patronal. No obstante, la lucha por sus derechos no terminó ahí, pues si bien la empresa había cancelado los montos entre el inicio de su etapa de jubilación y la terminación del juicio, aún quedaba pendiente el pago del primer semestre del 2017, así que la Defensoría emprendió las acciones legales y le pidió al juez que pusiera en orden a la empresa: el 28 de junio de 2017, con orden judicial de por medio, José recibió lo adeudado entre enero y junio. Para el futuro, los pagos serán acumulados –cada seis meses- pero por la desconfianza que produjo el comportamiento de la empresa, José recibirá los pagos en la Defensoría Pública. “Finalmente se convino con la empresa que me pague acumulado las mensualidades. Me dijeron que vaya a la empresa afirmar, pero la doctora Pazmiño me recomendó que es mejor que todos los pagos los reciba en las oficinas de la Defensoría Pública para evitar sorpresas, y así vamos a continuar”.

B294-2017
25-septiembre-2017

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