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Sentencia a favor de 165 personas del caso Proinco

La Defensoría Pública del Ecuador brindó la defensa legal y logró la sentencia a favor de 165 personas, del total de 1300 afectados, en el caso de estafa masiva de Proinco. El 1 de junio, el Tribunal Penal de Pichincha sentenció a 13 años y 4 meses de prisión a los tres ejecutivos de la entidad financiera, Santiago R., Fernando C. y María G. Esta pena también incluye el pago de casi 99 millones de dólares, como reparación a los perjudicados.

Para Paúl Cárdenas, uno de los tres defensores públicos delegados para este caso, hay una “situación especial” porque el 60 por ciento de los usuarios pertenece a la tercera edad. “Son personas jubiladas, inclusive, con enfermedades catastróficas; de hecho a lo largo del proceso, tres han fallecido, producto de esta situación”. Gente de otras provincias, profesionales, migrantes, gente que regresó al país después de 30 o 40 años de trabajo fueron afectadas.

Una de las consecuencias del caso Proinco es el enorme drama y perjuicio que ha envuelto a los afectados, por más de un año. “Hay gente que invirtió los ahorros de su vida. Ellos dependían exclusivamente de este dinero para poder pagar sus cuidados paliativos”, comentó Cárdenas. Los usuarios que accedieron a la defensa pública gratuitamente dependían únicamente del ingreso que la inversión les generaba.

“Proinco acabó con su plan de vida”, hubo hijos que se quedaron sin financiamiento para la universidad y otros que se quedaron sin casa. Uno de los afectados, que representó a los 165 usuarios en la audiencia, manifestó que él y su esposa vivían tranquilos con su jubilación, sin embargo, a raíz de este proceso, su vida se trastocó porque sufrieron enfermedades que nunca imaginaron. “El daño emocional está inmerso en la sentencia”, confirmó Paúl Cárdenas.

El grupo de las 165 personas vio en la Defensoría Pública una oportunidad efectiva y, sobre todo transparente para acceder a la justicia, pues lamentablemente, antes de acudir a la Institución no tuvieron mayores resultados a través de la contratación de servicios de defensa privada.

El equipo de defensores públicos estuvo compuesto por Carla Herrera, Julia Caicedo y Paúl Cárdenas, quienes realizaron la defensa de acuerdo a la disposición del Defensor Público General  de patrocinar a las víctimas de estafas masivas, tomando en cuenta que estas personas confiaron sus ahorros a una institución financiera y se quedaron sin medios suficientes para pagar los servicios de un abogado privado. “Para la Defensoría Pública es de vital importancia defender a las víctimas de los delitos y más si en esos grupos hay personas de la tercera edad, personas con discapacidad o enfermedades catastróficas”, dijo el Defensor Público General, Ernesto Pazmiño.

El papel de la Defensoría Pública fue brindar soporte técnico con claridad y honestidad. “Según los resultados que les dábamos, veían que la situación era transparente y objetiva”, agregó Paúl Cárdenas. La gente llegó a la Institución y percibió que se trataba de un seguimiento serio al proceso; así se sumaron las 165 personas.

El equipo de defensa de las 165 personas afectadas demostró que las víctimas de este caso fueron engañadas porque les ofrecieron un interés superior al legal: “fueron inducidas al error; incluso recibieron papeles de una supuesta garantía”, según explicó el defensor Cárdenas. Proinco infringió el artículo 254 del Código Orgánico Monetario Financiero, por realizar operaciones ajenas al negocio.

La sentencia para el presidente de la unidad financiera representa la pena máxima en el delito de estafa. Con este dictamen, los afectados podrán recuperar los 99 millones de dólares que corresponden a la sumatoria de los depósitos. Esto abre una puerta para que en el futuro, otras personas que enfrenten situaciones similares, puedan exigir el cumplimiento de sus derechos a través de un proceso penal.    

Este caso es uno de los más representativos en estafa masiva que la Defensoría Pública ha logrado obtener una sentencia a favor de los afectados.

B131-2017
06-junio-2017

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