Defensoría Pública del Ecuador

La explotación a un campesino de El Oro

Luis Alberto Olivez, desesperado y motivado por una constante explotación laboral por parte de su empleador, decidió acudir a la Defensoría Pública por recomendación de un amigo. Él quería que su trabajo sea reconocido y que se le pagara lo que por ley le corresponde.

El trabajo agrícola era la forma de subsistencia para Olivez y su familia formada por su esposa y seis hijos, todos menores de 12 años, domiciliados en el cantón Santa Rosa (El Oro). Luis Alberto no tuvo la oportunidad de acceder a educación primaria y ello influyó en sus posibilidades para tener un mejor empleo;  es un hombre analfabeto que sufrió la explotación del dueño de la hacienda.

Todo empezó cuando ingresó a trabajarel 10 de enero del 2013, con una remuneración de 120 dólares semanales, pacto que no fue respetado y hubo algo más: en marzo del 2016, le obligaron a firmar, es decir, a poner su huella dactilar en un documento correspondiente al pago del decimocuarto sueldo del año 2015-2016, dinero que nunca recibió. En mayo del mismo año, la historia se repitió con sus utilidades.

Luis, cansado de esta situación, solicitó ayuda a la dueña de un cyber café, para redactar la denuncia dirigida al prefecto de la provincia, en donde detalló los abusos recibidos. No obstante, su empleador desmintió el hecho e inició un proceso de visto bueno (terminación de la relación de trabajo) en contra de Luis Alberto en el Ministerio de Trabajo, donde alegó una falta disciplinaria por supuestas injurias.

El defensor público de El Oro, Julio Sisalima, representó a Luis Alberto y se basó en que la resolución aprobada por el inspector de trabajo, a favor del empleador, no tenía consistencia, puesto que “jamás la autoridad tomó en cuenta el principio de protección al trabajador, ni tampoco los principios de proporcionalidad y gradualidad, que permiten aplicar otro tipo de sanciones que no afectan al desarrollo laboral y por ende al ingreso económico familiar”.

Luego de una defensa eficaz de Sisalima, en su empeño porque se respeten los derechos del trabajador, el 16 de enero del 2017, fecha en que fue realizada la audiencia, el juez Diego Figueroaresolvió dejar sin efecto la resolución del inspector de trabajo y condenó al empleador al pago de las indemnizaciones por despido intempestivo, desahucio y beneficios de ley.

Los derechos de los trabajadores son uno de los motivos por los que la Defensoría Pública trabaja acérrimamente, con énfasis en la clase obrera que no cuenta con recursos económicos para contratar un servicio de defensa legal privado.

N012-2017
30-enero-2017

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