La Defensoría Pública autorizó el funcionamiento de 67 consultorios jurídicos gratuitos a nivel nacional

Con casa llena, la Defensoría Pública realizó la primera ceremonia nacional de entrega de certificados de autorización de funcionamiento a los Consultorios Jurídicos Gratuitos (CJG), en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). El Dr. Ángel Torres Machuca, Defensor Público General, agradeció el servicio que brindan los Consultorios Jurídicos Gratuitos a los más vulnerables y resaltó que la Institución “no trabajará aislada”, por ello, la importancia de fortalecer el trabajo conjunto. Más de 100 personas asistieron a la ceremonia, entre ellas, representantes de los CJG de todo el paìs; decanos y estudiantes de jurisprudencia de la PUCE.

Actualmente existen 67 Consultorios Jurídicos Gratuitos acreditados por la Defensoría Pública, en 22 provincias del país. En esta ceremonia, 54 recibieron el certificado de las manos de las autoridades institucionales: Dr. Ángel Torres Machuca, Defensor Público General; Ricardo Morales, coordinador Nacional de Gestión de la Defensa Pública; Danilo Sulca, defensor público de Regional Centro Norte; y Alejandra Jima, directora nacional de Acreditación de CJG.

Alejandra Jima recordó que uno de los objetivos planteados por el Defensor Público General, desde el inicio de su gestión, fue fortalecer los Consultorios Jurídicos Gratuitos. “A partir de esta directriz, en octubre, nos dedicamos a hacer visitas in situ y recogimos valiosas experiencias. Identificamos que la normativa que regula este servicio necesita replantearse. Ahora estamos trabajando en una propuesta enmarcada en la Constitución”, expresó. Por otro lado, compartió con los presentes los cuatro ejes de trabajo de la Defensoría Pública para cumplir el objetivo señalado: construir una nueva normativa; activar y mejorar procesos a nivel interno; fortalecer el talento humano de los CJG; y, evaluar el seguimiento de medidas.

De esta manera, la Institución reconoce el trabajo y las alianzas interinstitucionales que le permiten llegar a la ciudadanía y brindar asesoría y patrocinio legal a los grupos de atención prioritaria.

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