Noticias de la Defensoría Pública del Ecuador

El día 15 de Mayo, el Defensor Público General, Ernesto Pazmiño Granizo cocedió una entrevista

al Diario El Telégrafo en la ciudad de Guayaquil, a continuación la misma.

“Nosotros defendemos los derechos”

El martes pasado, la Asamblea Nacional posesionó al primer Defensor Público del país, cuya responsabilidad recayó en Ernesto Pazmiño, quien ganó un concurso de méritos.

El flamante funcionario, que ya ocupaba, a manera de encargo, la titularidad de una Defensoría Pública transitoria, cuenta sus logros, se defiende de las acusaciones de que supuestamente libera delincuentes y anuncia sus planes.
Incluso anuncia que dentro de poco, la Defensoría Pública brindará asesoría a las personas que quieran legalizar sus propiedades.

¿Cuáles han sido sus logros al frente de la Defensoría Pública?

En estos años que hemos trabajado como Unidad Transitoria lo que hemos hecho es lograr dos cosas. Primero, brindar el servicio que no había, y segundo, ir creando la base técnica en la cual se asienta la actual estructura orgánica de la Defensoría Pública. Hemos cumplido bien los dos trabajos. En el tema de brindar el servicio se ha incorporado a éste a miles de personas, principalmente en el área penal, porque empezamos como defensa pública penal.

Se nos ha criticado, dicen que estamos sacando de la cárcel a peligrosos delincuentes, lo que no es cierto. Quienes critican han sido políticos trasnochados, amargados, que no tienen otra cosa que hacer sino criticar una institución tan indispensable en el sistema democrático.

Los defensores públicos no dan boletas de libertad ni otorgan la libertad a una persona, son los jueces. Ni el fiscal puede dar la libertad, puede solicitarla.

Hemos ampliado el servicio al área social, y actualmente hemos trabajado hasta abril de 2012 en 103.824 causas penales. Es increíble ver cómo la gente estuvo en indefensión. Esta gente estuvo presa muchas veces por no tener abogado. Hemos trabajado 4.500 causas laborales. Se nos ha dicho que no defendemos a los trabajadores ni a las madres de familia. En juicio de alimentos tenemos 23.600 causas ya resueltas.

Ernesto Pazmiño se posesiona como primer Defensor Público de Ecuador

Como un hecho histórico calificó el Dr. Ernesto Pazmiño Granizo su posesión como Primer Defensor Público del Ecuador ante la Asamblea Nacional, luego de que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) lo designó, por unanimidad, el lunes 30 de abril, como primera autoridad de la Defensoría Pública.

“Cuando fui diputado presenté el proyecto para la creación de la Defensoría Pública, como una entidad que respeta y defiende los derechos de las personas humildes de la patria, destinada a brindar garantías legales a quienes por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural no pueden contratar a un abogado particular”, anotó.

Agregó que su designación se dio luego de un concurso claro y transparente que se inició en diciembre de 2010 y terminó con el informe de la Comisión Ciudadana de Selección que lo ubicó como el postulante mejor puntuado, con un total de 89 puntos sobre 100.

Pazmiño puntualizó que desde la creación de la entidad, primero como Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal, en agosto del 2007 y luego como Defensoría Pública, en octubre de 2010, se han atendido en todo el país a 132.782 personas, de ese número, 103.824 corresponden a materias penales, 23.613 a reclamos de pensiones de alimentos en apoyo de madres y niños en condición de vulnerabilidad, 4.275 casos laborales y más de 1.000 intervenciones reclamando el seguro por muerte a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano.

Defensor Público cumple actividades en Washington

El Defensor Público General, Ernesto Pazmiño Granizo participó el 2 de mayo del presente año en la reunión de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), realizada en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, en la que se trataron temas administrativos de la agrupación, así como la preparación del Congreso a desarrollarse en la ciudad de Fortaleza, en Brasil.

Asimismo, el 3 y 4 de mayo, junto con los defensores públicos Dennis Andrade y Alicia Contero, Pazmiño participó en un curso de capacitación sobre la estructura y funcionamiento de la OEA, dirigido a los miembros de la AIDEF sobre el trabajo que desarrolla esta entidad internacional, con miras a garantizar la participación de la AIDEF, así como de las defensorías nacionales de los países miembros.

La AIDEF es una asociación de defensores públicos que tiene entre sus propósitos apoyar la labor de estos profesionales en el ejercicio de sus actividades, unificar criterios de defensa pública y cooperación entre las Defensorías Públicas de la región y promover el desarrollo de estándares de calidad que permitan el ejercicio eficaz de la defensa técnica y el acceso a justicia de grupos en situación de vulnerabilidad.

El objetivo principal del evento fue familiarizar a los participantes con la estructura, el sistema interamericano, sus bases y los procesos de toma de decisión dentro de la OEA, así como otros temas de interés de los defensores públicos, como las Reuniones de Ministros de Justicia (REMJA), el proceso de Cumbres de las Américas, el acceso a la información pública y otros relacionados con poblaciones en situación de vulnerabilidad, como los afrodescendientes y los pueblos indígenas.

En el curso participaron 31 defensores públicos de 13 países de América.

“Un Código claro da más garantías a todos”

En diálogo con Página/12, el ministro de la Corte estimó en “no menos de un año” el tiempo que demandará la elaboración del proyecto de modificación del Código Penal. El objetivo de dar coherencia y proporcionalidad en las penas.

Por Irina Hauser (Página 12, Buenos Aires, miércoles 9 de mayo de 2012)

Hace tiempo que Raúl Zaffaroni advierte que ya no hay Código Penal sino “escombros” de lo que alguna vez fue un código, que las llamadas leyes Blumberg terminaron de destruir en un clásico intento coyuntural de exhibir una respuesta al delito con un incremento de penas al extremo. El problema, dice, es que esos y otros remiendos (a través de la creación de leyes especiales) le han quitado a la legislación penal toda “coherencia”, lo que abre la puerta a que los jueces apliquen las normas y castigos bajo su libre interpretación. Solo “cuando la ley es clara” y guarda criterios de proporcionalidad en las penas es que “las personas se sienten más seguras”, postula el juez de la Corte Suprema. En diálogo con Página/12 explica que la reforma integral, cuya necesidad quedó plasmada en el decreto que firmó anteayer la presidenta Cristina Kirchner, apunta a lograr un nuevo Código Penal “que no permita arbitrariedades de impunidad ni de represión”. También habla del papel de las víctimas, los efectos “paradojales” de las penas graves, el garantismo y por qué quedará afuera la despenalización del aborto. “La Presidenta ha tenido una iniciativa que es bastante revolucionaria”, consideró el ministro que preside la comisión encargada de elaborar la reforma.

–¿Por qué ha insistido en la necesidad de reformar el Código Penal?

–La ley penal es un apéndice de la Constitución, es una especie de menú que muestra lo prohibido y que fija el precio que tiene cada una de esas infracciones, según su gravedad. Es necesario que sea una ley clara, no confusa ni enmarañada, que no permita arbitrariedades de impunidad ni de represión, la jurisprudencia penal debe ser previsible y coherente.

–¿En qué le cambiaría la vida al común de la gente la modificación que impulsa?

–Creo que nos hace bien a todos saber con cierta certeza qué es lo que está penado y lo que no está y prever lo que decidirán los jueces. Todo país civilizado tiene un Código Penal y las personas se sienten más seguras en la medida en que ven que funciona. Si no tuviésemos un código, cualquier poder de turno podría hacer con cualquier ciudadano lo que le diese la gana y también dejar impunes a todos los criminales que considere “amigos”. Así como necesitamos una Constitución para que nadie hegemonice el poder, necesitamos una ley penal clara para que se la pueda manipular lo menos posible.

–¿Un Código Penal puede influir en la disminución del delito?

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